En 2011 se ha cumplido un decenio de la puesta en marcha del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores, en cumplimiento de la Ley 1/98 de los Derechos y Atención al Menor en la que se procede a su creación como órgano consultivo y asesor de las Administraciones Públicas Andaluzas.
Sin perjuicio de su independencia funcional está adscrito a la Consejería Para la Igualdad y Bienestar Social. El C.A.A.M. está constituido por expertos de reconocido prestigio perteneciente a las distintas áreas del conocimiento relacionadas con la familia y la infancia, a los que se le tiene encomendada las siguientes funciones:
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Elaborar informes y efectuar propuestas, a iniciativa propia o a petición Institucional.
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Analizar periódicamente la situación de los menores en Andalucía.
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Asesorar sobre la planificación de políticas públicas….
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Elaborar propuestas sobre divulgación, formación e investigación en materia de menores.
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Informar sobre medidas urgentes a adoptar en materia de menores y proponer medidas de actuaciones concretas.
Somos conscientes que estamos viviendo vertiginosos cambios sociales que inciden muy particularmente en la infancia y no exenta de incógnitas e interrogantes de presente y futuro, que representan un gran reto para las Administraciones con responsabilidad en materia de menores. Reto asumido desde su puesta en marcha por el Consejo, para lo que tiene establecido una dinámica de trabajo tanto presencial como virtual.
Desde su primera reunión, para su mayor operatividad, se acordó la invitación a las sesiones a la Dirección General de infancia y Familias y del Observatorio de la Infancia de Andalucía. Se ha mantenido un estrecho y continuado contacto con la oficina del Defensor del Menor de Andalucía; se ha establecido un convenio de colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía; pertenece como miembro nato del Consejo de Salud de las personas menores de edad y se ha procedido a establecer su necesaria apertura a la Comunidad a través de su página Web, en la que consta la memoria de sus actividades.
Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos todos y especialmente de órganos consultivos como el nuestro, de contribuir con desinteresado análisis, informes y propuestas a la búsqueda de soluciones de los múltiples y complejos problemas que afectan a la Infancia y sus Familias. Aportaciones que contribuyan a que los responsables institucionales puedan establecer formulas precisas de políticas públicas.
Ignacio Gómez de Terreros, presidente