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La Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a ser escuchados, a participar activamente en los asuntos que les afectan y a recibir tantos apoyos como les sean necesarios para participar de forma voluntaria y significativa. Si bien ha habido avances al respecto, su participación real sigue siendo limitada y puede ser mediada en gran medida por representaciones adultocéntricas o asistencialistas.
En este documento se presentan los resultados de la encuesta a entidades locales a través de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF España. El objetivo principal es explorar la participación infantil y adolescente en el ámbito local y si se cuenta con un enfoque de discapacidad, especialmente en el diseño de sus planes locales de infancia.
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Enciéndete por los derechos de la infancia ha sido la actividad diseñada por los chicos y chicas de Paivoz, el grupo asesor de UNICEF España, para celebrar el Día Mundial de la Infancia en 2025 con el objetivo de trabajar sobre los derechos digitales y cómo deben protegerse estos derechos para que la infancia y adolescencia se sienta segura en el mundo digital. Más de 400 grupos de participación infantil y adolescente de toda España han descargado la actividad y un total de 80 han compartido su trabajo con UNICEF España. Conoce aquí las conclusiones a las que han llegado.
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 Álvarez, Mireia; Chacón, Pau Jaume; Costas Pérez, Elena; Llorente, Belén; Bernal Fuentes, Paola (coord.) (et. al.). Prestaciones locales eficaces en la lucha contra la pobreza infantil. Análisis y recomendaciones para mejorar su accesibilidad. UNICEF España. Madrid, 2026. 88 pag.
La pobreza infantil en España necesita abordarse con urgencia, también desde lo local. Aunque la pobreza infantil es más frecuente, intensa y persistente que la experimentada por la población adulta, la inversión en protección social de la infancia y las familias se mantiene por debajo de la media europea. Esta lacra pone de manifiesto limitaciones profundas en la capacidad del sistema de protección social para garantizar el bienestar de la infancia. Los ayuntamientos desempeñan un rol importante en la garantía de los derechos sociales, así como al acceso a servicios básicos, en su labor fundamental contra la exclusión social. Al ser la puerta de entrada más cercana a la población, pueden identificar a familias vulnerables, detectar tendencias emergentes, informar, acompañar y gestionar o co-gestionar múltiples prestaciones sociales.
Este documento analiza las prestaciones sociales que otorgan y gestionan, e identifica las barreras que limitan el acceso efectivo a dichas prestaciones sociales y propone recomendaciones para aumentar su impacto en la lucha contra la reducción de la pobreza infantil. |
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Todos los niños y niñas tienen derecho a sobrevivir, desarrollarse plenamente y dar forma al mundo en el que viven. Las soluciones para poner fin a la pobreza deben tener en cuenta la opinión de las personas a las que más afecta. Ha llegado el momento de escuchar a los niños y niñas, de entender cómo viven y de saber de qué forma sus derechos están presentes o ausentes, o cómo los defienden a diario. La pobreza envenena la infancia y, por lo tanto, nuestro futuro común. Se cobra la vida de los niños y niñas, socava su salud y su desarrollo y limita su aprendizaje. Se puede poner fin a la pobreza en el siglo XXI. Sabemos por experiencia y gracias a pruebas que en poco tiempo se pueden lograr avances importantes, aun en épocas de dificultades económicas. Sabemos cuáles son las políticas e inversiones que aceleran el progreso y tenemos el entendimiento y la experiencia suficiente para sentar hoy las bases que permitan enfrentar dificultades futuras.
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Esta monografía analiza cómo la evolución demográfica en España —marcada por una fecundidad muy baja, una mortalidad reducida y flujos migratorios positivos— condicionará el volumen de alumnado en las distintas etapas educativas durante la próxima década. A partir de proyecciones para 2030 y 2035, el estudio combina datos de población por edad y tasas de matriculación para estimar la evolución del sistema educativo a escala nacional, autonómica y provincial. Sus resultados apuntan a una tendencia general de contracción del número de estudiantes, especialmente en Educación Primaria y, posteriormente, en la Educación Secundaria Obligatoria, como consecuencia del descenso de nacimientos tras la Gran Recesión. Frente a esta dinámica, la obra identifica posibles áreas de crecimiento, como la educación infantil temprana (0-2 años) y los estudios universitarios de posgrado, que previsiblemente experimentarán una expansión en los próximos años. En el ámbito universitario, se anticipa un crecimiento temporal en los estudios de Grado seguido de una reducción sostenida, mientras que los programas de Máster mostrarán una evolución positiva, con cambios en el perfil de edad del alumnado.
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El dossier Protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, elaborado por la Plataforma Control Z junto a numerosas sociedades científicas, entidades sociales y medios de comunicación, reúne y sintetiza la evidencia científica más reciente sobre el impacto de los entornos digitales en la salud, el desarrollo y el bienestar de la infancia y la adolescencia.
El documento plantea que el debate ya no debe centrarse únicamente en el “tiempo de pantalla”, sino en identificar qué usos, contenidos, diseños algorítmicos y contextos de exposición incrementan el riesgo de efectos adversos en menores. Desde una perspectiva de salud pública, defiende la necesidad de aplicar el principio de precaución y avanzar hacia medidas regulatorias proporcionadas.
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La guía Conocer para proteger. Guía para familias de acogida, elaborada por ASEAF junto a la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, Iberdrola y Pérez-Llorca, ofrece una explicación práctica y accesible sobre el acogimiento familiar, sus fundamentos jurídicos y el papel de las familias acogedoras en el sistema de protección a la infancia. El documento parte de la idea de que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a crecer en un entorno familiar seguro, estable y afectivo, subrayando la importancia del acogimiento familiar como medida prioritaria frente al acogimiento residencial. La guía explica las diferencias entre acogimiento, adopción y acogimiento residencial, así como las distintas modalidades de acogimiento familiar: de urgencia, temporal y permanente. A lo largo de sus capítulos, la publicación desarrolla los principios fundamentales que deben regir cualquier medida de protección: el interés superior del niño, el derecho a ser escuchado, la no discriminación y la garantía de supervivencia y desarrollo integral. También destaca la necesidad de respetar la identidad, la historia personal y los vínculos familiares de los niños y niñas acogidos.
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Esta publicación tiene como objetivo analizar la inversión pública que realizan las comunidades y ciudades autónomas en el sistema de protección a la infancia y adolescencia. La información recogida se refiere a los contratos adjudicados o prorrogados durante 2024 o 2025, así como a las subvenciones adjudicadas en ese mismo periodo.
Este informe se sitúa así en la intersección entre política pública, financiación y derechos de la infancia y la adolescencia, con el objetivo de aportar evidencia sobre el papel que desempeña la contratación pública en la transformación del sistema de protección.
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El presente documento recoge los datos que publica anualmente el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes relativos al alumnado de educación no universitaria con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizado en Régimen General correspondiente al curso 2024-2025. El alumnado con necesidades especiales asociado a discapacidad en el curso 2024-2025 asciende a 319.115, de los que 223.344 (69,99%) son hombres y 95.771 (30,01%) mujeres. De los 319.111 alumnos/as, 45.770 (14,34%) cursan educación especial y 273.345 están en enseñanzas ordinarias (85,66%). En cuanto a los datos referidos al trastorno del espectro del autismo (TEA) como categoría diagnóstica, se identifican a 107.977 alumnos/as, lo que supone un 33,84% del alumnado con necesidades especiales asociadas a discapacidad y lo convierte en la categoría más numerosa.
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La explotación sexual infantil y adolescente (ESIA) representa una de las formas más graves y menos visibles de violencia sexual. A pesar de su impacto persistente en la salud física, mental y emocional de millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, continúa siendo un fenómeno frecuentemente silenciado, rodeado de mitos y connotaciones erróneas que dificultan su detección y abordaje. El Manual de detección y actuación ante la explotación sexual infantil y adolescente ofrece una mirada rigurosa, actualizada y profundamente humana sobre esta problemática, proporcionando a profesionales, investigadores y estudiantes una herramienta esencial para comprenderla e intervenir de manera eficaz y respetuosa con los derechos de las víctimas.
El manual aborda las distintas fases del proceso de intervención: desde la identificación de indicadores de riesgo y los instrumentos de detección más validados, hasta la valoración integral de los casos y la aplicación de protocolos de actuación basados en la evidencia científica. Asimismo, ofrece una revisión exhaustiva de programas y estrategias de prevención que han demostrado su eficacia en diferentes contextos, contribuyendo a fortalecer las capacidades de los sistemas de protección.
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El Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, regulado en el Decreto 100/2022, de 7 de junio, Está enmarcado en las actuaciones de protección a la infancia y adolescencia desarrolladas por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y tiene como principal finalidad preservar los derechos de las personas menores de edad y promover su desarrollo integral, evitando la separación de la familia y normalizando su situación.
El reto principal que se persigue es el de proporcionar a las familias con personas menores de edad en situación de riesgo o desprotección un tratamiento psicosocial y psicoeducativo específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen los efectos de dichas situaciones sobre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
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Estado Mundial de la Infancia 2025. Poner fin a la pobreza infantil: un imperativo universal. Resumen ejecutivo
