Año: 2026
Autor: Plataforma de Infancia
Lugar de Edición: Madrid
Editorial: Plataforma de Infancia
Año de edición: 2026
Páginas: 84 p.
Idioma: Español
Fuente: Plataforma de Infancia
Formato: Electrónico
Temáticas: General
Descriptores: educación, pobreza, violencia, medio ambiente, derechos del niño, maltrato infantil, protección a la infancia, atención temprana, menores no acompañados, participación de la infancia, sistema de protección de menores
Resumen:
La recta final de la XV Legislatura se desarrolla en un contexto político y social que exige situar de manera efectiva los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el centro de todas las políticas públicas. España afronta en 2026 retos estructurales persistentes, como la elevada pobreza infantil, las desigualdades en materia de educación, las carencias en el apoyo a la crianza o la violencia contra la infancia, que requieren respuestas integrales, sostenidas y basadas en la evidencia.
Este momento viene definido por un hito fundamental: la presentación, en enero de 2026, de las Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño a España. Estas recomendaciones constituyen un marco de referencia ineludible para evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y para orientar las prioridades legislativas y de política pública durante el último tramo de la legislatura y el inicio del siguiente ciclo político. Incorporarlas de forma sistemática en la acción gubernamental y parlamentaria es clave.
El presente documento identifica los principales retos detectados a lo largo de 2025 en ámbitos como el apoyo a la crianza, la pobreza infantil, la educación, la participación infantil, el entorno digital, la violencia contra la infancia, el sistema de protección, la migración o el medio ambiente y formula recomendaciones concretas para 2026. Todas ellas se sustentan en datos oficiales, evaluaciones independientes y estándares internacionales de derechos humanos, y buscan contribuir a la agenda pública para garantizar los derechos de la infancia.
Asimismo, las propuestas se alinean con los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reconociendo que garantizar los derechos de la infancia no solo es una obligación ética y legal, sino también una condición indispensable para la cohesión social, el desarrollo económico y la sostenibilidad democrática.
