Propuestas de infancia para la XV legislatura 2025

En 2025 tendrá lugar, finalmente, y tras haberse pospuesto, el Diálogo Interactivo entre España y el Comité de los Derechos del Niño. Esto significa que este año es clave para los derechos de la infancia, ya que culminará el proceso de seguimiento del Comité para evaluar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en España. Se trata de un proceso que se da, normalmente, una vez cada cinco años y que finalizará con la publicación del documento de Observaciones Finales con recomendaciones a España que emitirá el Comité y que deberían ser la guía para la adopción de políticas públicas por parte de las distintas Administraciones durante los próximos años.

Este momento decisivo para la infancia en España debe enmarcarse en el compromiso global con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se basa en los principios de justicia intergeneracional y el no dejar a nadie atrás. La protección y promoción de los derechos de la infancia están directamente relacionadas con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 3 (Salud y bienestar), el ODS 4 (Educación de calidad) el ODS 5 (Igualdad de Género), el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), que subraya la importancia de garantizar entornos seguros y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.

En 2024 hubo varios avances en materia de infancia en España. Merece la pena destacar cuestiones como la aprobación de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030), la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, que incluye, finalmente, la creación de Secciones especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en los Tribunales de Instancia, cumpliendo así con uno de los mandatos más importantes de la LOPIVI, o la aprobación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030. Además, es un año en el que se ha avanzado en la tramitación de otras normas que buscan ampliar los derechos de la infancia, como es el caso de los Proyectos del Ley y Ley Orgánica en tramitación para la mejora del procedimiento de determinación de la edad de niñas y niños migrantes no acompañados, el Real Decreto para el fomento del asociacionismo de niñas, niños y adolescentes o la modificación de la LOPIVI.

Sin duda, estos son logros significativos que representan un avance en la protección y garantía de los derechos de la infancia en nuestro país. No obstante, debemos tener presente que, a pesar de estos progresos, todavía enfrentamos numerosos desafíos. España es el segundo país con la mayor tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, alcanzando el 29,2 % de niñas y niños en esta situación. También estamos a la cola en cuanto a la tasa de abandono escolar temprano, que, con un 13,7 %, también es una de las más altas de la Unión Europea. Además, la violencia contra la infancia continúa siendo un problema alarmante: En 2023 se presentaron 65.382 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. De ellas, se destacan las 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 10,2 % más que en 2022. Además, todavía hoy más de 1.000 niñas y niños menores de 6 años crecen en centros de protección.

Es imprescindible reforzar el compromiso político con la infancia, situando su bienestar en el centro de la agenda pública. En un contexto marcado por la implementación de la Agenda 2030, es urgente garantizar que cada niña, niño y adolescente tenga acceso a educación, salud, protección y oportunidades, sin discriminación y sin que nadie quede atrás. Las decisiones que tomemos en 2025 definirán nuestra capacidad como sociedad para cumplir con los compromisos internacionales en materia de infancia y derechos humanos.