Año: 2025
Autor: Defensor del Pueblo
Lugar de Edición: Madrid
Editorial: Defensor del Pueblo
Año de edición: 2025
Páginas: 197 p.
Idioma: Catalán
Fuente: SiiS Servicio de Información e Investigación Social
Formato: Electrónico
Temáticas: Migración y minorías
Otras temáticas: Inclusión social, inclusión educativa
Descriptores: asistencia sanitaria, atención primaria de salud, condiciones de vida, discriminación social, migrantes, migración, protección a la infancia, delincuencia, delitos sexuales, violencia sexual, centros de menores, centros de protección, España, menores no acompañados, acogimiento residencial
Resumen:
El informe del Defensor del Pueblo ofrece una mirada profunda y crítica sobre la situación de la infancia migrante en España. A través de un enfoque detallado, el documento distingue entre dos realidades muy distintas: la de los menores que llegan acompañados por sus familias y la de aquellos que lo hacen completamente solos.
Por un lado, los niños y niñas que llegan acompañados suelen vivir en situaciones de precariedad. Aunque están con sus padres o tutores, muchas veces se enfrentan a barreras administrativas y sociales que limitan su acceso a derechos fundamentales, como la sanidad, la educación o la participación en la vida social. La irregularidad en la documentación de sus familias los coloca en una situación de vulnerabilidad constante.
Por otro lado, los menores no acompañados —conocidos como MENAs— representan una realidad aún más compleja. El informe pone el foco en las deficiencias del sistema de acogida: desde la identificación inicial y la falta de información sobre el derecho de asilo, hasta los problemas en los centros de protección y las dificultades que enfrentan al cumplir la mayoría de edad. En muchos casos, estos jóvenes quedan desprotegidos al salir del sistema, sin acceso claro a vivienda, empleo o estudios.
El Defensor del Pueblo plantea que no se trata solo de gestionar una realidad migratoria, sino de proteger derechos humanos básicos. Por ello, formula recomendaciones concretas dirigidas a las administraciones públicas: adaptar la legislación, mejorar la coordinación entre instituciones, garantizar recursos adecuados y acompañar de forma efectiva el paso a la vida adulta de los jóvenes extutelados.
