Año: 2025
ISBN (13): 979-13-87867-84-3
Depósito legal: B 20535-2025
Autor: García Rodríguez, Manuel José
Lugar de Edición: Barcelona
Editorial: Atelier
Año de edición: 2025
Páginas: 187 p.
Idioma: Español
Fuente: Atelier
Formato: Electrónico
Observaciones: Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i «VISPRO-Victimización sexual y proceso penal: percepción, protección, participación y reparación (2024-2027) PID2023-150974OBI00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Temáticas: Bienestar social, protección y prevención, Convivencia y violencia
Descriptores: juzgados de menores, derechos del niño, protección a la infancia, violencia sexual
Resumen: La presente investigación estudia las diferentes medidas articuladas para proteger a la infancia y adolescencia víctima de violencia sexual con ocasión de su declaración judicial, y propone las buenas prácticas que deben ser observadas por todos los profesionales que participen en ella para dar una respuesta adaptada a sus necesidades con ocasión de sus relaciones con el sistema penal y paliar, de este modo, los riesgos de sufrir una doble victimización. Con este objetivo, el capítulo I examina los estándares internacionales y europeos destinados a garantizar una eficaz tutela de estos colectivos en el marco del procedimiento judicial en atención a su especial vulnerabilidad. El capítulo II, describe y valora los progresos registrados en el ordenamiento jurídico español para proteger a la infancia y adolescencia víctima de violencia sexual durante su declaración judicial, analizando las reformas de la LO 8/2021, LO 10/2022 y LO 1/2025. Lo que se completa en el capítulo III con el examen y comentario de la nueva regulación de la prueba preconstituida para facilitar la declaración de los niños, niñas y adolescentes víctimas en este tipo de casos. Y concluye, con el capítulo IV, donde se analizan las ventajas que ofrece la implantación del modelo Barnahus en nuestro país, describiendo sus normas de funcionamiento y estándares de calidad para conseguir una justicia amigable y adaptada a la infancia, mediante la necesaria cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
