La violencia hacia la infancia y la adolescencia en contextos de violencia de género. De la noción de violencia vicaria al reconocimiento pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia

En coherencia con un enfoque de derechos, este documento parte del reconocimiento de que la violencia de género constituye una problemática estructural vinculada a relaciones de poder y dominación, cuyos efectos trascienden el ámbito de la pareja y alcanzan de forma directa el entorno de crianza. Nombrar con precisión estas dinámicas resulta imprescindible para evitar lecturas simplificadoras (como interpretarlas como ‘conflictos familiares’ o meros desacuerdos parentales) y para situar la intervención institucional en el terreno que le corresponde: la protección efectiva frente a un contexto de control coercitivo, amenaza y vulneración de derechos.

Desde esta perspectiva, el presente documento incorpora la necesidad de visibilizar patrones específicos de daño que afectan a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia de género. Entre ellos, adquiere especial relevancia la llamada violencia vicaria, entendida como el uso de hijas e hijos para causar daño a la madre y prolongar el dominio.

Esta mirada permite comprender que la afectación no se limita a los episodios extremos o letales, sino que se despliega en un continuum de violencia cotidiana: exposición reiterada al miedo, inestabilidad de rutinas, manipulación emocional, desautorización del cuidado y erosión progresiva de la seguridad afectiva. En consecuencia, se refuerza la idea de que la protección debe activarse ante los primeros indicios, incluso cuando la violencia adopta formas psicológicas o económicas menos visibles, pero igualmente lesivas.

En este marco, el documento asume el cambio conceptual que desplaza a la infancia de la categoría de ‘testigo’ hacia la de ‘víctima’, al reconocer que la exposición sostenida a la violencia genera daños equiparables a los de la violencia directa. Este reconocimiento no es solo terminológico: implica revisar el lenguaje institucional de modo que niñas, niños y adolescentes aparezcan como sujetos de derechos y destinatarios y destinatarias de medidas de protección específicas, evitando vacíos de intervención y respuestas tardías.