La explotación sexual de la infancia y la adolescencia. Análisis de la problemática y recomendaciones

El presente documento ofrece un marco de análisis y recomendaciones para la prevención, detección y abordaje de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia (ESIA). Esta problemática constituye una forma especialmente grave de violencia sexual y de mercantilización del cuerpo de niñas, niños y adolescentes: su identidad, su intimidad y su bienestar se convierten en objetos de intercambio para satisfacer deseos, obtener beneficios o consolidar relaciones de poder. La institucionalidad pública y social tiene la obligación de responder de manera diligente, coordinada y sostenida, evitando lecturas que minimicen el daño o trasladen a las víctimas la carga de la ‘elección’ o la ‘responsabilidad’. 

Al respecto, el documento desarrolla las principales manifestaciones de este problema: explotación sexual en o a través de la prostitución, trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual, explotación sexual en los viajes y el turismo, explotación sexual online y otras formas vinculadas a la desigualdad y las violencias de género. Para cada una de ellas, se describen dinámicas de vulnerabilidad, factores de riesgo y desafíos institucionales, subrayando que la cifra registrada por los sistemas oficiales representa solo una parte de la realidad debido a la infradetección, la fragmentación estadística y las barreras de acceso a recursos. .

A partir de lo anterior se propone una respuesta integral basada en cuatro pilares: prevención (educación afectivo-sexual y digital, reducción de desigualdades, sensibilización y trabajo sobre la demanda), protección (detección temprana, recursos especializados, alojamiento seguro y atención), persecución y reparación (investigación de redes y beneficios, justicia adaptada a la infancia, restitución y reparación), y alianzas (coordinación interinstitucional, cooperación con el sector privado, y participación de niñas, niños y adolescentes). El objetivo es orientar políticas y prácticas hacia un principio rector: ninguna persona menor de edad debe quedar fuera de los sistemas de protección por falta de mirada, de recursos o de coordinación. .

El documento, además, se formula con un objetivo práctico: contribuir a que las instituciones dispongan de criterios comunes para actuar con diligencia, rapidez y coherencia. Se entiende por diligencia debida la obligación de prevenir riesgos, actuar ante señales, investigar hechos, sancionar responsabilidades y reparar a las víctimas. Este estándar es especialmente exigente cuando se trata de infancia y adolescencia, por la obligación reforzada de protección y por el daño duradero que puede producir este tipo de violencia sexual.