Llegó de la Asociación Colombiana del Libro Infantil y este decálogo se ha corrido como la pólvora entre los docentes. Verán que sus propuestas son todas asumibles, no hay duda.
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL LIBRO INFANTIL
1.- TODO NIÑO SIN DISTINCIÓN DE RAZA, IDIOMA O RELIGIÓN, TIENE DERECHO A ESCUCHAR LOS MÁS HERMOSOS CUENTOS DE LA TRADICIÓN ORAL DE LOS PUEBLOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE ESTIMULEN SU IMAGINACIÓN Y SU CAPACIDAD CRÍTICA. Sigue leyendo
E
l presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, entregó los VI Premios Andaluna a personas e instituciones andaluzas destacadas en la protección de los derechos de la infancia.
Fue en Huelva y una onubense fue una de las premiadas, Paula Santiago, miembre vocal de nuestro Consejo. Paula Santiago es la presidenta de la Fundación Virgen de Belén de Huelva y el premio Andaluna la recibió por su defensa de los derechos de la infancia, en reconocimiento a su labor para facilitar la inserción laboral de un gran número de jóvenes que han formado parte del sistema de protección a través de la creación de una red empresarial.
Paula es de las que creen que no hay que ver una necesidad sino una solución, está convencida de que hay que educar a los niños desde el corazón para tener más esperanza. Dejó su máxima: «Amado antes que juzgado, valorado, antes que rechazado, y alentado antes que reprimido» (Santa Magdalena Sofía).
El espectacular crecimiento de la población inmigrante vivido, sobre todo, durante la primera década del siglo XXI, constituye uno de los cambios sociales más significativos acaecidos en Andalucía, y en general en España, desde la transición democrática. Dicho crecimiento planteaba el reto de la integración de esta población en las distintas esferas de la sociedad; reto que puede defenderse desde planteamientos tanto de cohesión social como de justicia social. Como ocurriera en muchas otras comunidades autónomas, en el marco andaluz este reto fue asumido políticamente —al menos en lo formal y en lo discursivo—, al ser la integración de las personas inmigradas el principal objetivo declarado por la Junta de Andalucía en materia migratoria durante estos años. Pero la profunda crisis económica experimentada desde 2008 parece haber desplazado este objetivo a un plano más que secundario en la agenda política (la muestra más palpable de ello es el importante retraso que arrastra la aprobación del tercer Plan Integral andaluz de Integración de la Población Inmigrante, cuestión que se detallará más adelante). Sin embargo, el reto no se ha esfumado, sigue estando presente, ya que, por más que después de años de fuerte aumento continuado, el número de personas inmigrantes se haya estancado e incluso haya comenzado a descender ligeramente (OPAM, 2012), son mayoría los que, de momento, deciden quedarse.
Así comienza laIntroducción de este estudio, que ha contado con la financiación de la Fundación Persán.
El número de Junio de «Cuadernos de Pediatría Social» viene decidado íntegramente a los sistemas de protección de la infancia. Entre su contenido cabe destacar el artículo que firma el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, con el título «La insoportable levedad del acogimiento de Menores» sobre los 25 años de la Ley 21/1987.
Destaca también el artículo de Jesús Palacios, miembro de nuestro Consejo y catedrático de Psicología Evolutiva y Educación de la Universidad de Sevilla, con el título «Protección de la infancia desamparada en España» y el subtítulo «La irresistible tentación de la facilidad».
«El Proyecto Dédalo pretende animar a los servicios sanitarios, a sus centros y Unidades de Gestión Clínica (UGC) a desarrollar estrategias activas para favorecer la inclusión del enfoque de derechos de la infancia en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), así como la promoción del derecho de los menores a recibir asistencia sanitaria en condiciones adaptadas a su edad y a ser escuchados e incorporar sus opiniones, sugerencias y visión en planes y programas que se dirigen a ellos, en consonancia con lo que establece el Decreto 246/2005, de 8 de noviembre.
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Entre los objetivos de este proyecto figuran reforzar e integrar iniciativas y experiencias ya iniciadas y otras por desarrollar en el SSPA, todo ello en el marco de la promoción de la participación y autonomía infantil en la esfera de la salud y en los esfuerzos por hacer de los servicios sanitarios entornos amigables para la infancia. Sigue leyendo
La Defensora del Pueblo, ha hecho llegar al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos la necesidad de trasladar a todos los colegiados una recomendación sobre los procedimientos utilizados para la determinación de la edad en aquellos extranjeros indocumentados cuya minoría de edad resulte dudosa.
Se recuerda a los colegiados que las pruebas diagnósticas sin indicación terapéutica con vistas a estimar la edad de una persona, sólo deben realizarse por orden de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.
Asimismo, con ocasión de la realización de exámenes o pruebas médicas que tengan finalidad terapéutica, se recuerda que no deben emitirse informes u opiniones sobre la edad probable de un sujeto.
Las valoraciones médicos legales sobre la estimación de edad en estos pacientes debe ser lo más rigurosa posibles, practicando solo aquellas pruebas que sean estrictamente necesarias y que cumplan los criteros de validez médico legal actualmente aceptados.
Las pruebas sobre la determinación de la edad de un menor, solo deben hacerse en un contexto específico a tal fin, conociendo el por qué y el para qué se hacen.
Asimismo, el Consejo General desea recordar a todos los colegiados la dificultad y trascendencia legal de las mismas y se aconseja la realicen unidades y médicos expertos (si un hospital no tiene experiencia en esto, debe comunicarlo al Juez o Fiscal para que a través del Colegio Oficial de Médicos e Instituto de Medicina legal se encuentre la solución).
Artículo publicado en el Diario El País del 8.5.12 por parte de Mariano Hernán, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y vocal asesor del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. Lo reproducimos íntegramente.
Cada cual analiza la crisis económica según su ideología, pero las evidencias son implacables; a) en España las rentas más altas aportan menos, vía impuestos, que las rentas similares en otros países de nuestro entorno; b) somos uno de los países de Europa que menos porcentaje del PIB dedica a gastos sociales, entre los gastos sociales se encuentran los dedicados a políticas de infancia; c) las personas de 0 a 18 años son la quinta parte de la población. Sigue leyendo
El presidente del CAAM, Ignacio Gómez de Terreros, y Antonio Manfredi, periodista y vocal del Consejo, estuvieron el pasado día 15 de abril en Chipiona, invitados por la Hermandad Vírgen de Regla del Pinar, en el marco de la celebración de su 50 Aniversario. Se planteó una conferencia sobre Internet y Menores, que provocó un largo y fructífero debate entre los asistentes.
Sobre la base de considerar a Internet como un referente positivo que influye en la formación y desarrollo de niños y adolescentes, se planteó a los asistentes la necesidad de salvaguardar la intimidad e integridad de los menores con medidas que van mucho más allá del control técnico, como puede ser impedir que los menores tengan un ordenador conectado a la Red en su dormitorio, para colocarlo en un lugar de paso en el hogar.
DOCUMENTO COMPLETO QUE SIRVIÓ DE BASE PARA ESTA PRESENTACIÓN
Open publication – Free publishing – More caam
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 d) del Decreto 228/1999 de 15 de noviembre por el que se regula el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores en el que se establece como función de la Secretaria del Consejo elaborar la Memoria Anual sobre la actuación del Consejo se presentalla siguiente memoria descriptiva de las actividades y eventos en los que ha participado el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores durante el año 2011.
Reproducimos información de la web de Save the children.
Pedimos al Gobierno español que firme el nuevo Protocolo de la Convención sobre los derechos del niño que por primera vez les permitirá acudir a Naciones Unidas cuando se vulneren sus derechos. Hasta ahora cuando los Estados no respetaban los derechos de los niños y niñas, no existía una instancia internacional a la que poder denunciar casos concretos. Con el nuevo Protocolo, si el Estado no protege sus derechos, el niño, la niña o las organizaciones que los defienden podrán presentar una queja ante un Comité internacional de expertos.
El Protocolo, que fue aprobado por Naciones Unidas el pasado mes de diciembre, necesita de la ratificación de al menos 10 países para entrar en vigor. Una vez en marcha, Naciones Unidas podrá estudiar casos concretos, relativos a cualquier violación de los derechos del niño contenidos en la Convención y en sus Protocolos adicionales; desde la falta de acceso a la educación primaria hasta la explotación sexual. Para ello será necesario haber agotado todas las vías legales en el país. Sigue leyendo
