Año: 2022
Autor: Hernández Diez, Enrique ; Rufo Rey, Miguel Ángel
Lugar de Edición: Madrid
Editorial: CANAE - Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes
Año de edición: 2022
Páginas: 90 p.
Idioma: Español
Fuente: Plataforma de Infancia
Formato: Electrónico
Temáticas: Educación, Participación social
Descriptores: enseñanza secundaria, participación social, España, participación de la infancia
Resumen:
Este estudio es de naturaleza jurídica, por lo que su objeto de análisis son las normas sobre la participación cívica del estudiantado de la educación secundaria. Esta materia comprende dos vertientes principales de la participación: una cívico-social (expresada, sobre todo, a través del ejercicio de derechos civiles como la libertad de asociación y de reunión), y otra cívico-administrativa (ejercida mediante el uso de los cauces institucionalizados por los poderes públicos en consonancia con la organización de la Administración educativa). Se excluye del análisis la participación que carece de reflejo jurídico, o aquella que es perseguida o considerada ilícita (protestas violentas, etc.
El sujeto que delimita la materia es el colectivo estudiantil de la educación secundaria (obligatoria y posobligatoria) en el marco de la educación reglada española. Es, por tanto, un sujeto integrado por individuos que comparten una condición ciudadana singularizada: la relación de sujeción especial con la Administración educativa. En su rotunda mayoría, estos ciudadanos tienen, además, una edad biológica (normalmente de doce a diecisiete años) a la que no se les ha reconocido una plena capacidad de obrar para ejercer por sí mismos los derechos de los que son titulares.
El sistema normativo español sobre la participación estudiantil involucra reglas que revisten multitud de formas y que son de muy diverso rango, fuerza y valor. A los efectos de este análisis, sobresalen tres grandes conjuntos de estas normas:
1) las de naturaleza y contenido iusfundamental, vinculadas a los derechos humanos participativos de los estudiantes, y que desempeñan un papel de clave de bóveda de todo el sistema;
2) el desarrollo normativo, legal y reglamentario, dictado por los poderes públicos de ámbito estatal, que sirve de referencia para un desempeño elemental de las potestades participativas del estudiantado de todo el país; y
3) el desarrollo normativo autonómico (también con rango legal y reglamentario, según el caso), que debería concretar la realización de estas potestades en el ámbito de los poderes territoriales protagonistas sobre las competencias de la Administración educativa.
