ENTREVISTAS

• María Teresa Vega Valdivia. Directora General de Infancia y Familias. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social


Entrevista a María Teresa Vega Valdivia

Directora General de Infancia y Familias. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

¿Cuáles son las principales situaciones de riesgo sociofamiliar que se dan en la infancia andaluza hoy día?

La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor define la situación de riesgo en su artículo 22, como "aquélla en la que existen carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social, y que no requiera su separación del medio familiar". Por lo tanto, las situaciones de riesgo sociofamiliar obstaculizan el desarrollo normal del niño o niña y pueden llegar a provocar situaciones de maltrato. De forma resumida, podemos señalar situaciones de riesgo sociofamiliar que con mayor frecuencia sufren los niños y niñas andaluces:

> Ausencia o escasa red de apoyo familiar y social para hacer frente a cargas familiares excesivas.

> Dificultades de integración sociolaboral, que genera principalmente desempleo de larga duración, pobreza, marginación, viviendas con déficits en sus condiciones de habitabilidad, no acceso a recursos sanitarios, educativos, formativos, sociales, o de otro tipo.

> Limitaciones físicas, intelectuales o emocionales tanto en los progenitores como en los y las menores.

> Parentalidad inadecuada, cuando los padres son incapaces de ejercer las funciones paternas/maternas y atender a las necesidades de sus hijos e hijas y que puede ser debido, entre otras causas, a una historia personal y familiar llena de carencias y dificultades, abuso de alcohol u otras drogas, relación de pareja conflictiva, carencia de habilidades parentales ...

 

¿Con qué instrumentos cuenta la administración andaluza para detectar y atajar estas situaciones de riesgo?

Partimos de que las intervenciones y recursos que se ponen a disposición de los y las menores y sus familias deben tender, por una parte, a optimizar la red de recursos generales y comunitarios y, por otra, a complementar mediante programas o recursos específicos dicha Red, al objeto de poder abordar en el propio medio, aquellas situaciones que por diversas circunstancias presenten mayores dificultades para la correcta integración y desarrollo del menor.

En este sentido, y por lo que respecta a las intervenciones dirigidas específicamente a apoyar a familias en riesgo, crisis o desventaja, la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía establece varias líneas de actuación:

A) Actuaciones de promoción integradas en el Plan de Apoyo a las Familias: las que de forma más generalista tienden a la promoción, prevención y apoyo a todas las familias andaluzas (Estudios e investigaciones, ayudas a Partos múltiples, ayudas por tercer hijo/a, familias numerosas, registro de parejas de hecho, programas de apoyo a las familias).

B) Las que de forma específica van dirigidas a los grupos más vulnerables de familias y menores que viven, a veces conyunturalmente, una situación de crisis:

> Programa de Ayudas Económicas Familiares: este programa se lleva a cabo en colaboración con las Corporaciones Locales, que lo gestionan a través de los Servicios Sociales Comunitarios. Para su desarrollo, la Junta de Andalucía establece convenios anualmente con todos los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y con las Diputaciones Provinciales, las cuales, a su vez, coordinan este programa en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Estas ayudas implican una intervención social complementaria.

> Programa Espacio Facilitador de Relaciones Familiares: abarca la ejecución de regímenes de visita, custodia, comunicación y estancia de menores con sus padres y otros miembros de la familia, en los casos en que aquéllos se encuentren bajo la tutela o guarda de la Administración Pública competente en la materia de protección de menores o cualquier otro caso de acogimiento familiar.

> Mediación Familiar e Intergeneracional: en el contexto de la compleja realidad que presenta hoy la estructura familiar, tras la aparición de nuevas formas de convivencia, en las que coexisten aspectos legales y económicos junto con aspectos emocionales y afectivos, el sistema judicial se encuentra con serias limitaciones para su resolución y es por lo que la Administración Pública pone a disposición de los padres y madres y familias procedimientos extrajudiciales más adecuados para la resolución de estos conflictos, entre los que cabe señalar la mediación familiar, la cual ha sido objeto de regulación en la reciente Ley 1/2009, de 27 de febrero reguladora de la Mediación Familiar, de la Comunidad Autónoma de Andalucía que viene a concretar la normativa andaluza en materia de mediación familiar.

 

C) Actuaciones dirigidas a la detección y prevención del maltrato.

> Teléfonos de la infancia:

> Teléfono de notificación de situaciones de maltrato infantil 900 851 818

> Teléfono de información general en materia de infancia

902 102 227

 

> Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (SIMIA), que tiene por objeto la protección de los y las menores a través del adecuado conocimiento epidemiológico de los casos en los que éstos sean objeto de malos tratos, su seguimiento y la coordinación de actuaciones entre las Administraciones Públicas competentes en esta materia. La información relativa a los casos detectados en los que se tenga constancia de un maltrato infantil, se incorporará al sistema de información a través de una Hoja de Detección y Notificación, (formato papel o telemático/Web SMIIA) que es el principal instrumento para la comunicación de los casos y la obtención de los datos que integran el Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil, con independencia de otros medios de comunicación que se estimen necesarios.

 

D) Los programas de intervención destinadas a situaciones que se han identificado de alto riesgo.

 

> Programa de Tratamiento a Familias con Menores: este programa se realiza en colaboración con los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y con las Diputaciones Provinciales, mediante la suscripción y renovación anual de convenios y tiene como objetivos:

> Mitigar los factores de riesgo para evitar la separación del menor de su familia.

> Capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos evitando cualquier conducta negligente o maltratante, garantizando la seguridad e integridad básica de los mismos.

> Lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, y los hijos tengan una atención y cuidados acorde con sus necesidades.

> Proporcionar a las familias las habilidades y/o recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la separación.

> Programas de atención a menores víctimas de abusos sexuales: constituyen un servicio especializado dirigido, por un lado, a la evaluación y diagnóstico de menores posibles víctimas de abuso sexual, con el objeto de verificar o descartar la existencia del mismo, a través de la evaluación psicológica, social y familiar pertinente. Y, por otro, a proporcionar a estos menores un tratamiento psicosocial que les permita superar las secuelas y los trastornos psicológicos y lograr su equilibrio personal y familiar, así como proporcionar la orientación legal y social, que tanto los menores como sus familias, necesiten sobre las pautas y recursos a utilizar para superar el conflicto ocasionado. En la actualidad existen ocho equipos en cada una de las provincias andaluzas que se gestionan a través de entidades sociales.

Asimismo, son de destacar los numerosos Programas de las instancias implicadas en materia de menores que se están llevando a cabo: Igualdad, Salud, Innovación (Protección a la infancia ante las nuevas Tecnologías), Educación y que van dirigidos tanto a los hijos e hijas como a los padres.

¿Qué propuestas tienen previsto desarrollar para mejorar la actuación en este campo?

> Contribuir a desarrollar políticas específicas que den soporte real y efectivo a las familias, apostando por programas preventivos y de atención temprana.

> Optimización de los recursos existentes.

> Dentro de las competencias asumidas, consolidar, actualizar y en su caso, poner en marcha los Protocolos de actuación e intervención dirigidos a los y las profesionales que trabajan con menores.

> Consolidación del procedimiento instaurado en el sistema de atención al maltrato infantil en Andalucía (SIMIA) y puesta en marcha de nuevas herramientas, como la Web SIMIA recientemente.

> Seguir apostando por la formación y el reciclaje de los y las profesionales implicados en la atención a la Infancia y adolescencia, así como de los equipos que trabajan con las familias.

> Promover la coordinación interinstitucional y el trabajo en red.

 

¿Qué acciones cree que es necesario aplicar, entre las distintas administraciones públicas, para mejorar la coordinación entre ellas?

Entre las acciones de coordinación que han de llevarse a cabo actualmente destacan las siguientes:

> Implantar el trabajo en red como metodología de funcionamiento, teniendo presente la implicación interadministrativa y el compromiso profesional que ello conlleva.

> Consensuar protocolos de actuación claros y transversales al trabajo con los menores y las familias, desde el ámbito local y autonómico.

> Procurar que los flujos de comunicación entre los agentes que intervienen en los casos sean reales y efectivos, desarrollando para ello el uso de las nuevas tecnologías.

> Crear espacios comunes de reflexión y debate: foros, grupos de trabajo, etc.

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• Ignacio Gómez de Terreros Sánchez. Presidente del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. Jefe de Servicio de Pediatría Social del Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío de Sevilla


Entrevista a Ignacio Gómez de Terreros

Presidente del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. Jefe de Servicio de Pediatría Social del Hospital Infantil Universitario "Virgen del Rocío" de Sevilla



¿En qué situación se encuentra Andalucía en cuanto a la detección y tratamiento de las situaciones de riesgo en la infancia?
En Andalucía se han dado y se siguen dando pasos importantes en los temas socio-sanitario con repercusión infantil, sirviendo de modelo a otras Comunidades Autónomas. Pero todos somos consciente (administración y profesionales) que aún nos queda un largo camino por recorrer.
Nos encontramos por tanto en pleno desarrollo, en una etapa en que los esfuerzos de sensibilización poblacional y formación de los profesionales se consideran clave. Importante papel al respecto están teniendo la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y el Observatorio de la Infancia en Andalucía. Pero tenemos que ir a más preocupándonos de la formación de los pregrados dentro de las múltiples disciplinas que actúan alrededor de la infancia.
En cuanto al tratamiento el paso de la concepción de beneficencia al de derecho ha sido clave. Dentro de este último el surgimiento de la Convención de los Derechos del Niño (1989) y hacer llegar dichos derechos a sus protagonistas, los menores, son puntos a destacar. ANDALUNA es un claro ejemplo.
A nuestro juicio punto clave a desarrollar es el de la coordinación interinstitucional. Si queremos rentabilizar los esfuerzos, y en un momento como el presente con la crisis es clave, el abordaje de los problemas de la infancia en un ámbito interdisciplinario e intersectorial es ineludible y en ello estamos tanto la administración como los profesionales. Ya en la década de los 60 el Prof. Suarez Perdiguero, catedrático de pediatría, planteaba su necesidad y nos hablaba de un hipotético "Instituto de la Infancia". Curiosamente en una reciente memoria sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en España, que reglamentariamente hay que efectuar, se retomaba el tema.
En cuanto al ámbito de la protección infantil, personalmente fui protagonista de los primeros esfuerzos en la desinstitucionalización en la infancia y en la introducción de nuevos modelos y alternativas a la misma. Urge que desaparezcan los niños en etapas claves como es la de 0-3 de los Centros y se consiga desarrollar el Acogimiento Familiar de Urgencia. Soy testigo directo de los esfuerzos que se vienen realizando. Hay que reflexionar sobre ellos y plantearse nuevas estrategias de captación. En la actualidad muchos niños de las diferentes edades se están beneficiando del acogimiento familiar gracia a la generosidad y solidaridad de personas a la que la sociedad le debemos especial reconocimiento y apoyo por la importante labor que vienen desarrollando.
 
¿Qué situaciones de riesgo han conseguido ser superadas en estos últimos años en nuestra Comunidad Autónoma y qué nuevas situaciones han aparecido?
¿Superada? Ojala pudiéramos emplear con frecuencia dicha expresión. Como ejemplo en el campo de la salud solo la viruela ha sido reconocida como erradicada. La polio afortunadamente inexistente en nuestro país está sometida a un estricto control de alerta que la descarte en situaciones de posible sospecha.
Vivimos momentos de vertiginosos cambios sociales en el que surgen nuevos temas y emergen otros que considerábamos superados. Nos encontramos Vg. el fenómeno de la inmigración que nos hace revivir, especialmente en salud, temas aparentemente superados y que los profesionales de la salud tenemos que retomar.
La repuesta a la pregunta se puede extraer en un análisis comparativo con lo que ocurre en el llamado 3º Mundo o países en vías de desarrollo, pero sin perder de vista que en nuestro país compartimos un 4º mundo en las denominadas "Zonas de Transformación Social" en que problemas similares están presentes.
Países desarrollados como el nuestro se ha pasado de la problemática de la desnutrición a la expansión de la obesidad considerada como verdadera epidemia. No digamos si hablamos y comparamos la mortalidad infantil. La prevención del SIDA en la mujer embarazada afecta, con los actuales tratamientos preventivos ha pasado de una incidencia del 20% de transmisión vertical al Recién Nacido a prácticamente el 0%
En el tema del maltrato infantil en los últimos años en las sociedades occidentales están apareciendo nuevas formas sutiles de maltrato, que deben ser tenidas en cuenta. Los niños solitarios o niños de la llave; el niño perfecto; los niños híper protegidos; la violencia de género, sin duda situación provocadora de maltrato infantil; el síndrome de la alienación parental. Pero lo más sorprendente, como indica la fiscalía, es el ascenso continuado que se viene produciendo desde el 2002 de denuncias de padres a sus hijos, por el maltrato a que están sometidos.
Así mismo nos preocupa, las altas cifras de rupturas familiares con hijos, problemática que ha requerido de una Ley de mediación familiar actualmente en desarrollo.
Otro problema que desde la creación del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores (CAAM) hace 9 años mantenemos sobre la mesa, es el del los adolescente con trastornos conductuales y los menores disóciales y que hasta el momento no se le ha conseguido dar repuesta. En ello se está trabajando intersectorialmente. No obstante aprovecho para llamar la atención sobre la firme convicción de que la verdadera herramienta la tenemos en la educación. Educar en valores a nivel familiar, escolar y social, sin olvidar la detección precoz de los signos de alerta e intervención en las primeras etapas de la infancia. Más adelante podemos llegar tarde para poder solucionarlo. Los Servicios de Salud Mental Infantil no se pueden convertir en Servicios Infanto-juveniles, con riesgo de saturación ante la demanda y conflictividad de los casos e impidiéndole abordar, como desearían, las etapas anteriores de más fácil y eficaz solución.
Finalmente debemos reconocer avances importantes en los campo de la discapacidad, enfermedades raras y de la drogadicción incluyendo los esfuerzos relacionados con el alcohol y el tabaco.
A su juicio ¿qué situaciones de riesgo son prioritarias a la hora de atender?
Insistiendo en la detección precoz de las situaciones de riesgo y siempre con mirada preventiva (primaria, secundaria o terciaria), colocaría en primer lugar la Atención temprana. No podemos perder de vista que el cerebro en los tres primeros años de vida aún se encuentra en pleno desarrollo de su anatomía, su fisiología, de su funcionamiento. El desarrollo de las interconexiones sinápticas neuronales, que se produce en dicha etapa de los 0-3 años, es una buena muestra de la gran plasticidad neuronal, que proporciona al cerebro inmaduro una superior capacidad de poder restablecerse tras una lesión (base de los programas de Atención Temprana).
Los actuales avances científicos y tecnológicos hace que los Servicios de Neonatologías saquen adelante muchos niños con peso inferiores a 1500 gramos y baja edad estacional que requieren de la misma y que dada la mencionada plasticidad cerebral de dichas etapas, van a tener un papel clave en el futuro y calidad de vida de dichos niños. Cubre la etapa 0-6 años y sectores como Salud y Educación se encuentran especialmente implicadas y responsabilizadas en sus respuestas, encontrándose en la actualidad en plena programación y desarrollo. Ambas precisan del soporte tanto de la comunidad como del resto de los sectores.
Contrarrestar las "conductas de riesgo" de nuestros jóvenes, con la promoción de estilo de vida saludable. Un ejemplo del que debemos mostrarnos orgulloso es el Programa "Forma Joven" que forma e informa a los estudiantes sobre como compaginar la diversión con hábitos de vida saludables. Se trata de una iniciativa pionera en España, y que en Andalucía están desarrollando las Consejerías de Salud, Educación y Presidencia, a través del Instituto Andaluz de la Juventud y de la Mujer.
Dentro de los problemas de Salud Mental Infantil, se constituyen como "estrella" los conductuales y dentro de los mismos el Síndrome de déficit de atención e hiperactividad, fracaso y absentismo escolar, bullying, disociales, etc.
Los ya citados problemas de Maltrato infantil, discapacidad, enfermedades raras, la Inmigración con especial punto de mira en los MENAS, "4º mundo" y siempre desde la perspectiva de la equidad y el respeto intercultural.
Pero no podemos dejar de considerar que vivimos en lo que se ha denominado "la aldea global de MC Luhan" que ha representado para la sociedad actual una evidente y radical transformación. La globalización, el desarrollo tecnológico, el de las nuevas tecnologías de la información es un tema de obligada consideración. Por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el decreto 25/2007, de 6 de febrero (BOJA num. 39) se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. Sin duda, su buen uso es positivo, pero de los peligros y efectos negativos deben ser consciente los padres y adoptar las oportunas medidas preventivas.
Finalmente que tengamos especial cuidado en que las medidas de protección llevadas a cabo por cualquier sector, no se convierta en una nueva situación de riesgo y re-victimización. Dentro de ello y en lo que respecta a los internamientos, a veces ineludibles, insistir en la búsqueda de alternativas, especialmente en lo que respecta a los Acogimientos Familiares y con carácter prioritario lo referido a los Acogimientos de Urgencias. Mi especial reconocimiento a los profesionales y educadores que trabajan en los Centros. Mi bagaje de trabajo institucional me permite valorar el esfuerzo y entrega en un trabajo especialmente duro pero a su vez muy gratificante.
 
¿Cuál es el papel de los padres en la prevención del riesgo infantil?
Debemos tener muy presente, que la familia, como espacio de socialización y convivencia, como escuela de valores y de afectividad, va a tener en la educación su más potente herramienta, dentro de un contexto interdependiente con las instituciones comunitarias, educativas, sociales, económicas, políticas y culturales. Educar en valores desde las primeras etapas de la vida, es sin duda su principal herramienta preventiva.
Cuando en el CAAM tratamos este tema, siempre sale los aspectos relacionados con la responsabilidad parental y la dejadez, por desgracia en muchas ocasiones, en que se descarga dicha responsabilidad en las instituciones.
Es muy importante que los profesionales nos sensibilicemos de nuestro papel en cuanto favorecer y potenciar la adquisición de competencias parenterales. Personalmente considero como etapa clave la de las escuelas infantiles, por su especial predisposición familiar. Muy gráfico es el mensaje del Psiquiatra Luis Rojas Marcos "lo que se siembra en la primera etapa preescolar (0-6 años), se va a cultivar durante el periodo escolar y dará sus frutos en la adolescencia" El filósofo José Antonio Marina ha creado en espacio virtual lo que ha denominado la "Universidad para Padres". Un proyecto en el que pretende ofrecer soporte educativo a los padres españoles a través de Internet.
La función de los padres en la crianza de los hijos contempla las de cubrir sus necesidades fundamentales (alimentación, cuidado, afecto, protección). La familia, en cualquier modelo, tiene la obligación de aportar los nutrientes necesarios para el desarrollo del menor, pero los padres y cuidadores deben tener muy presente, que los nutrientes son tanto biológicos como psicosociales: afecto, vinculo, adquisición de normas, limites y modelo de identificación, son precisos para crear una identidad propia y unos valores que le permita completar su desarrollo evolutivo, su tránsito a la vida adulta de forma armoniosa, deseada y con perspectiva de futuro. Las características psicológicas del niño, como su inteligencia, su carácter y su personalidad van a depender, muy especialmente, de la influencia de sus padres o cuidadores.
En este sentido y para que la familia pueda realizar tan importante función, el Consejo de Europa marca unas directrices en la recomendación 19/2006 a los gobiernos de sus Estados Miembros: "Que los gobiernos reconozcan el carácter fundamental de las familias y el papel de los padres y creen las condiciones necesarias para promover un ejercicio positivo de la parentalidad en el interés superior del niño".
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• Aurelia Calzada Muñoz. Directora General de Participación e Innovación Educativa. Consejería de Educación


Entrevista a Aurelia Calzada Muñoz


Directora General de Participación e Innovación Educativa. Consejería de Educación
 
¿Sufre la Escuela con mayor intensidad que otras instituciones los problemas derivados de la infancia en riesgo?
Afortunadamente, la escolarización del alumnado en nuestra comunidad y en nuestro país es universal. En este sentido, tener a toda la infancia escolarizada implica que todas las circunstancias personales y sociales del alumnado tienen su reflejo en la Escuela, pero no necesariamente . Por este motivo, nuestra Escuela Pública puede no ser el lugar donde los problemas a los que se alude en la pregunta tengan mayor intensidad, aunque sí es uno de los espacios donde estos problemas se detectan de manera precoz.
Qué aspectos del funcionamiento de la Escuela pueden provocar situaciones de riesgo en la infancia?
La Escuela es inclusiva, apuesta por la integración y la formación integral de las personas, y tiene entre sus principales objetivos la lucha contra la pobreza y la exclusión social, tal y como lo establece la Agenda 2020 de la Unión Europea. Por consiguiente, la Escuela, o mejor dicho, su organización y funcionamiento, más que provocar situaciones de riesgo, lo que debe hacer es desactivar las que se produzcan y promover modelos organizativos que busquen la integración de sus componentes. En el caso de la detección de situaciones de riesgo, tener claros los protocolos de actuación, la coordinación con otras instituciones y la garantía del desarrollo personal e integral del alumnado afectado son claves para un trabajo eficaz y personalizado en las situaciones de riesgo en la infancia.
 
Y en el lado contrario... ¿qué situaciones de riesgo infantil dificultan el normal funcionamiento de la Escuela?
En estos casos, el principal factor que puede incidir, no ya en el funcionamiento de la escuela, sino en el adecuado desarrollo educativo del alumnado, es la falta de colaboración familiar con la que en algunos casos se encuentra el profesorado. La participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, de la mano del profesorado y a través del desarrollo de actuaciones conjuntas, es la mayor garantía de éxito del proceso educativo. La educación es, sin lugar a dudas, uno de las principales herramientas con las que cuenta una sociedad para reducir o eliminar la discriminación o las situaciones de riesgo en la infancia. Por este motivo, la Consejería de Educación otorga a esta participación la relevancia que realmente tiene y, en los recientemente aprobados Reglamentos Orgánicos de los centros se lleva a cabo un fortalecimiento de la participación de las familias en el proceso educativo regulando la formulación de compromisos educativos entre dichas familias y los centros, así como la aparición de la figura del delegado o delegada de madres y padres del alumnado.
¿Qué papel desempeña la institución escolar a la hora de atender a la infancia en riesgo? ¿Cómo puede ayudar?
La Escuela Pública es la escuela de todas y todos. Por este motivo, en la vida cotidiana de los centros se ponen en funcionamiento multitud de medidas que permiten a todo el alumnado seguir su proceso educativo con garantías. Así, los centros educativos pueden desarrollar diferentes programas que abarcan desde los planes de compensación educativa, hasta los planes de apertura de centros, pasando por los programas de acompañamiento o de extensión del tiempo escolar.
Por otro lado, se actúa de manera clara sobre determinadas circunstancias que podrían ser motivo de exclusión del alumnado. De este modo, se interviene a domicilio en casos de alumnado enfermo, se cuenta con aulas hospitalarias, se desarrolla el programa de Educación Infantil en el Medio Rural y, por supuesto, se atiende a las necesidades educativas especiales del alumnado a través de la dotación de diferentes perfiles profesionales así como con la dotación de los recursos materiales que dicho alumnado necesita para un adecuado seguimiento de su proceso de aprendizaje.
La principal ayuda que la institución escolar puede ofrecer al alumnado es el desarrollo de un modelo educativo inclusivo en el que cada alumna y cada alumno importan.
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• Javier Álvarez Aldeán. Jefe de Servicio de Pediatría y Neonatología. Hospital Costa del Sol


Entrevista a Javier Álvarez Aldeán

Jefe de Servicio de Pediatría y Neonatología. Hospital Costa del Sol



En el ámbito de la salud ¿cuándo consideramos que la infancia se encuentra en situación de riesgo?
Aquellos menores, pertenecientes o no a grupos de riesgo para la violencia en el ámbito familiar, que potencialmente puedan sufrir de manera puntual o repetida cualquier situación que le prive de sus derechos o bienestar o que amenace su ordenado desarrollo físico, psíquico o social
¿Qué situaciones de riesgo en el ámbito de la salud afectan a la infancia andaluza en estos momentos?
Por su frecuencia el maltrato por omisión (negligencia) ligado a las situaciones de exclusión, los abusos sexuales y el maltrato prenatal
¿Hay colectivos o grupos sociales especialmente vulnerables?
Menores inmersos en ámbitos de violencia doméstica, padres en situaciones de adicción a sustancias de abusos o con trastornos psiquiátricos, familias con necesidades especiales, menores fruto de embarazos no deseados, madres adolescentes, etc.
¿Cómo han evolucionado las situaciones de riesgo en salud infantil a lo largo de estos años? ¿Qué hemos logrado dejar atrás y a qué nuevas amenazas nos enfrentamos?
Ha mejorado mucho la coordinación internivel (especialmente entre los equipos de salud y de protección de menores), ha mejorado la respuesta en situaciones de maltrato físico.
Los retos actualmente se hallan en los márgenes de mejora en la detección en el ámbito educativo y la prevención en grupos de gran exclusión, especialmente en la población inmigrada
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• Antonia Guadalupe Girón Regordán. Coordinadora del Área de Familia e Infancia de Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Roque


Entrevista a Antonia Guadalupe Girón Regordán

Médico y Psicoterapeuta familiar. Docente y Supervisora en la Escuela Relacional Sistémica "Caleidoscopio" de la Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos



 
¿Cuándo consideramos que un niño o una niña están en situación de riesgo?
Un menor está en situación de riesgo cuando no tiene cubiertas sus necesidades básicas (físicas y/o emocionales), de tal forma que está en peligro su correcto desarrollo, apareciendo sufrimiento en el menor.
Cuando se habla de menor en riesgo no solamente nos estamos refiriendo al maltrato intrafamiliar, sino a todas aquellas circunstancias sociales carenciales que le impida un correcto desarrollo.
En las situaciones de riesgo es importante determinar el grado de sufrimiento del menor, así como su vulnerabilidad, de cara a poder determinar la gravedad de dicha situación.
 
Cuando hablamos de infancia en riesgo... ¿estamos hablando también de familias en situación de riesgo?
SI. (Es difícil considerar un contexto de maltrato ajeno a una estructura familiar que lo posibilite, o que no pueda impedirlo)
 
¿Qué factores característicos de las actuales sociedades del bienestar pueden provocar situaciones de riesgo social en la infancia?
• La permisividad en los padres
• La incapacidad de respetar la jerarquía dentro del sistema familiar (los padres y los hijos no están en el mismo plano jerárquico, no son amigos, deben ser padres).
• La ausencia de la presencia efectiva de los padres en el cuidado y la educación de los hijos.
• La falta de autoridad en los profesores, con respecto a los alumnos, lo que conlleva que también en el ámbito escolar los menores no tengan un apoyo y contención adecuados.
• La confusión que generalmente tienen los padres de saber diferenciar claramente, lo que sería una acción maltratante con un hijo, en contraposición de lo que sería una acción protectora, a la hora de poner límites y sancionar a un hijo ante unos comportamientos disfuncionales.
 
Normalmente, dentro del ámbito familiar, asociamos las situaciones de riesgo con el maltrato infantil... ¿pueden darse, dentro de la familia, otras situaciones de riesgo para la infancia que no pasen necesariamente por maltrato? (exceso o falta de disciplina, falta de comunicación, malos hábitos de educación o comportamiento, etc...)
Considero que esas situaciones que se describen en la pregunta pueden ser tan maltratantes, como cualquier otras, ya que pueden conllevar unos niveles de sufrimiento en el menor y una falta de respuesta adecuada por parte de los padres, que lleguen a provocar daños irreparables en el menor.
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• María del Pilar Hidalgo Figueroa. Jefa de Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia. Dirección General de Infancia y Familias Consejería para la Igualdad y Bienestar Social


Entrevista a María del Pilar Hidalgo

Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia. Dirección General de Infancia y Familias Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
¿Qué aspectos considera prioritarios para llevar a cabo una buena prevención de los factores de riesgo?
- La responsabilidad pública y de la sociedad en general en cuanto a la atención del bienestar infantil.
- Potenciar y difundir la cultura del "buentrato" a los y las menores.
- Importancia de la detección precoz y la atención temprana de los casos.
- Protocolos de coordinación institucional e intervención de profesionales relacionados con los y las menores claros y consensuados.
- Evaluar los instrumentos y estrategias utilizados a fin de adaptarse a las nuevas necesidades familiares y de llevar a cabo una mejora continua de las actuaciones.
¿En qué situaciones de riesgo debe la administración pública hacerse cargo de un menor? ¿Existen otras alternativas?
La Administración pública debe hacerse cargo de un/una menor en aquellos casos en los que de acuerdo con lo jurídicamente establecido al respecto, exista desprotección por parte de los padres o cuidadores y se hayan agotado los recursos de permanencia en la familia. En este sentido, cabe incidir en que por parte de la Administración Pública el camino a seguir va dirigido a procurar su recuperación y la vuelta del menor a su núcleo familiar, teniendo presente el interés superior del o la menor y las circunstancias del caso concreto.
Las alternativas las podríamos encontrar en principio con la optimización de recursos generales y la adecuada coordinación interdisciplinar e institucional para la detección temprana de los casos. Asimismo, nos encontramos con recursos como son los Programas de Tratamiento a Familias con Menores, o herramientas al servicio de la ciudadanía para la resolución de conflictos como es la Mediación Familiar.
Tradicionalmente se han asociado las situaciones de riesgo para la infancia con las situaciones de marginación y exclusión social, sin embargo, ahora encontramos nuevas situaciones de riesgo en familias que no obedecen a este patrón... ¿Qué situaciones de riesgo son las más comunes en estos perfiles de familias no desestructuradas?
- Violencia de hijos e hijas ejercidas a los padres.
- Dificultades de control por parte de los padres en la conducta de su hijo o hija.
- Violencia de género
- Discapacidades
- Carencias en la crianza de los hijos e hijas y/o falta de vínculos afectivos adecuados.
¿Hacia dónde se encaminan las nuevas estrategias de intervención. ¿Qué hemos aprendido en todos estos años?
Las nuevas estrategias de intervención han de ir encaminadas a dar una respuesta integral ante el caso concreto, que requiere de la coordinación necesaria desde todas las instancias implicadas en la atención de los y las menores. Con todo lo anterior es necesario seguir avanzando en la sensibilización social, la participación infantil en los temas que les ocupan (derechos y responsabilidades), así como la corresponsabilidad Administrativa y el trabajo en red.
Con todo lo anterior, se ha de procurar dar respuesta a las situaciones de riesgo en los y las menores atendiendo a los cambios sociales y las nuevas dificultades planteadas, teniendo presente que es la familia el núcleo idóneo para su desarrollo integral. En este sentido, se requiere de una intervención dirigida al o la menor y también a su familia. Asimismo es de resaltar la importancia de la formación y el reciclaje de los y las profesionales que trabajan en este ámbito, así como la necesidad de evaluar las políticas y recursos utilizados, a fin de llevar a cabo la mejora y adaptación coordinada de los mismos.
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• Joaquín de Paúl Ochotorena. Catedrático de Psicología Social. Universidad del País Vasco


Entrevista a Joaquín de Paul Ochotorena

Director del Centro de Estudios Audiovisuales de la Universidad de La Laguna

Entrevista a D. Joaquín de Paul Ochotorena
La sociedad actual tiende a la hiperprotección de la infancia, sin embargo, la sensación de riesgo percibida es mayor que en el pasado ¿A qué cree que se debe esto?
No sé si hay mayor riesgo percibido. Si por tal se entiende que los padres y madres son conscientes del riesgo que puede suponer, por ejemplo, el consumo de alcohol o de otras drogas, creo que es razonable en la medida que la adolescencia se extiende cada vez más (se inicia antes y acaba más tarde) por razones de retraso en la incorporación al mundo laboral y dado que uno de los mayores riesgos percibidos se produce en esta época. También es razonable percibir más riesgo por la utilización masiva de internet y las redes sociales por parte de los niños/as y esto produce sensación de incontrolabilidad en muchos padres.
No sé tampoco si hay mayor hiperprotección de la infancia. Creo que hay una mayor protección de aspectos relacionados con la seguridad, las enfermedades, la nutrición, etc. También hay mayor protección en relación con la evitación de las agresiones (físicas y sexuales) en la infancia. Yo no le llamaría a esto hiper....Pero creo que en la cobertura de necesidades de tipo afectivo y emocional puede haber una cierta negligencia.
Del mismo modo, la sociedad actual construye la imagen de la infancia desde posiciones muy extremas: o infancia a la que hay que defender a toda costa (ocultación del rostro en las fotografías, p. ejo.) o infancia de la que hay que defenderse (endurecimiento de la Ley del Menor) ¿A qué se debe esta contradicción?...
Siento no estar de acuerdo en que sean posiciones extremas los ejemplos citados. El ocultar los rostros en sí mismo no es malo. Lo malo es protegerles de las fotografías y, a la vez, no protegerles de programas de televisión de contenido muy negativo en horas de audiencia infantil o no protegerles de la tremenda influencia negativa que puede tener el uso excesivo de videojuegos, maquinas de juego, etc. que impiden la socialización, el ejercicio físico, etc.
No creo que sea una posición extrema la petición de endurecimiento de la Ley del Menor. Es bueno recordar que hace sólo 30 años (en los 80) los menores estaban en reformatorios. Se cambiaron las cosas con la intención de evitar la segregación y de procurar la reintegración de los menores. Los profesionales (no toda la sociedad) consideraban que era posible corregir el comportamiento de los menores infractores con programas de intervención, etc. Creo que la sociedad reacciona de una manera esperable (quizá no deseable, pero esperable) cuando ve que hay menores que pueden llevar a cabo de manera repetitiva infracciones o agresiones y que estas conductas quedan impunes (esa es la percepción que tiene cualquier ciudadano). El fracaso está es nuestra incapacidad de alcanzar la eficacia deseada para afrontar comportamientos agresivos, infractores o antisociales (como se quiera llamar). Eso produce la petición de endurecimiento. Lo mismo que ocurre con la inmigración. No hay racismo si no hay inmigrantes, hay racismo cuando se hacen mal las políticas de inmigración. Asignar la culpa a la sociedad es, a mi juicio, inadecuado.
¿Hay más situaciones de riesgo para la infancia en la sociedad actual que antes o simplemente han cambiado los factores de riesgo?
Me refiero a España. Sería diferente la respuesta si se aplica a otros países. No tiene por qué haber más situaciones de desprotección en la sociedad actual que en otros momentos. Hay menos castigo físico y menos maltrato físico. Hay menos posibilidades de que haya familias (y por tanto menores) en situación de pobreza extrema gracias a la cobertura de los sistemas de protección social.
Creo que los factores de riesgo siguen siendo muy parecidos: muchas personas que siguen teniendo problemas de alcoholismo, consumo de drogas (menos efecto de la heroína), muchas personas con problemas de tipo emocional (depresión, ansiedad, etc.), personas con historias de maltrato o abuso sexual, personas con déficits en sus habilidades para el manejo de las relaciones con los niños/as, etc.
Puede haber un mayor nivel de "estrés percibido". Una buena parte de la población "necesita" emplear mucho tiempo en obtener ingresos económicos (no todos siempre estrictamente necesarios), en la promoción personal y laboral, en las relaciones sociales, etc. Esto hace que la crianza de los niños pueda tener un efecto acumulativo sobre el estrés percibido por los padres. Cuando digo "estrés" me refiero a la percepción de que la situación a la que me enfrento es amenazante y la percepción de que no dispongo de recursos para afrontarla. Pero creo que una buena parte del problema tiene su origen en una cierta modificación de las prioridades (p.e, se antepone el disponer de recursos materiales sobre el empleo del tiempo personal en "disfrutar" de la crianza de los hijos/as) y en la necesidad de emplear un tiempo importante en la cobertura de necesidades que pueden no ser realmente primarias.
¿La pobreza y el riesgo para la infancia van de la mano? ¿Sigue habiendo clases a la hora de experimentar situaciones de riesgo?
Puede haber diferencias de clases sociales en cuanto al predominio de unas u otras situaciones de desprotección. Pero la mayoría de las personas "pobres" o con pocos recursos crían, y siempre han criado, de manera perfectamente adecuada a sus hijos/as. Si eso fuera cierto, la desprotección infantil hubiera sido masiva en la postguerra española y no existiría en países muy desarrollados como Noruega. Sin embargo, existe en Noruega y la mayoría de las personas que ahora tienen sesenta o setenta años no fueron maltratadas, aunque pasaron limitaciones, hambre, etc. pero probablemente tuvieron una adecuada percepción de ser queridos.
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• Mª Luisa Pérez Pérez. Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía


Entrevista a Mª Luisa Pérez Pérez

Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía

 
¿Qué situaciones de riesgo para la infancia en los medios de comunicación audiovisuales son las más denunciadas?
Hemos de distinguir las quejas relacionadas con la aparición de menores en los medios y las quejas recibidas por la emisión de contenidos inadecuados para los menores como espectadores en horario protegido (de 6 a 22 horas).
En cualquier caso, desde que funciona la Oficina de Defensa de la Audiencia del Consejo Audiovisual de Andalucía (2006), la mayor parte de los expedientes generados y resoluciones aprobadas por el Pleno se refieren a temas relacionados con la protección de menores. Así en el año 2009, se produjeron 21 expedientes (17%) referidos a la protección de los derechos de los menores. En cuanto a los motivos, son frecuentes las quejas relacionadas con la aparición de menores en programas de entretenimiento (Madres adolescentes, Supernanny, Menuda Noche) y el tratamiento dado a sucesos de carácter luctuoso (en especial el caso de Marta del Castillo).
Respecto a la emisión de contenidos inadecuados, la ciudadanía se muestra especialmente crítica con el tratamiento de temas complejos en programas de actualidad que utilizan técnicas de inmersión periodística (Callejeros, 75 Minutos, 21 días, Andalucía Directo...) y que, a juicio de los reclamantes, ofrecen una exposición trivial o frívola de los hechos.
El incremento de la telebasura en algunas televisiones nacionales, tanto por la aparición de contenidos inadecuados para menores en horario protegido como de contenidos que podrían atentar contra la dignidad humana (se han recibido quejas sobre el programa Sálvame, así como El Diario o Gran Hermano) también es motivo frecuente de queja.
 
¿Cómo pueden afectar los contenidos inapropiados al normal desarrollo de la infancia?
Está sobradamente comprobado científicamente, y creo que compartido socialmente, que los menores tienen una especial vulnerabilidad frente a los contenidos televisivos. Esta certeza ha generado el elenco de normas internacionales y nacionales que tratan de proteger a los menores en relación a los contenidos televisivos inadecuados, estableciendo horarios de protección, obligaciones a los operadores sobre señalización, etcétera.
Los principales efectos adversos para los menores expuestos a contenidos inapropiados son los referidos a la inducción de pautas imitativas en los comportamientos (anticívicos, violentos, competitivos...), la transmisión de valores espurios y contrarios a los mismos principios constitucionales (insolidaridad, desigualdad, sexismo... así como la interiorización de pautas de conducta adversas para su normal desarrollo, como la frivolización de los comportamientos, la búsqueda del éxito fácil y la notoriedad, el consumo compulsivo, entre otros.
 
¿Qué papel juega la familia a la hora de hacer frente a estos riesgos? ¿Son conscientes las familias de su responsabilidad?
El papel de la familia es fundamental no solo para ejercer el adecuado control parental frente a los contenidos inadecuados, sino para hacer del visionado de la televisión un mecanismo que genere oportunidades diferentes de aprendizaje.
Para ello es preciso que las familias dispongan de herramientas suficientes, entre las que destacaría la existencia de más y mejores programaciones específicas destinadas al público infantil y juvenil, así como el cumplimiento estricto por parte de los operadores no solo de la legislación vigente sino de los compromisos de autorregulación voluntariamente suscritos.
Por indicar un solo ejemplo, a pesar de que la obligatoriedad de la señalización de la programación existe en nuestro país desde la entrada en vigor de la antigua Ley de Televisión sin Fronteras (1994), el cumplimiento de estas normas está empezando a ser una realidad ahora, en 2010, con la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Algo parecido ocurre con la emisión de contenidos en horario protegido. Se emiten multitud de programas calificados "para todos los públicos" (que por tanto, no requieren señalización) y que claramente son inadecuados para menores. ¿Qué decir de la emisión de telenovelas, telebasura o programas de testimonios y magacines en la sobremesa?
Por otra parte, y según el estudio del CAA sobre Televisión y Menores, se ha puesto de manifiesto que en el 31,5% de los hogares andaluces hay una televisión ubicada en la habitación de los menores. Además, entre los programas de mayor audiencia entre los niños y niñas andaluces se encuentran las telenovelas y series especialmente poco adecuadas para este público de entre 4 y 12 años. Un 23,1% de menores ve la televisión entre las 22:30 y las 23:30 horas, lo cual incluye, en números absolutos, a más de 275.000 niños y niñas de entre 4 y 12 años.
Todos estos datos, a mi juicio, evidencian que las familias no son lo suficientemente conscientes de los efectos adversos que un consumo inadecuado de televisión puede generar en los menores, ni de su responsabilidad de orientación y control, tal y como ocurre con la alimentación, el sueño, el aprendizaje, los amigos y otros aspectos del crecimiento de los menores.
Por lo que se refiere al control de las familias, el estudio antes referido, revelaba que en los hogares en los que se mantiene algún tipo de control, habitual u ocasional, sobre lo que los menores ven en televisión, en un 71,3% de los casos la función de supervisión la ejercen las madres. Al margen de que se ejerza o no control sobre lo que ven los menores, solo en la mitad de los hogares andaluces (49,9%) las familias tienen establecidas normas para regular el consumo televisivo de los niños y niñas. En aproximadamente un 40% de los hogares andaluces el control de los padres sobre lo que ven sus hijos en televisión o no existe o es muy relajado.
 
¿Cuentan los poderes públicos con suficientes herramientas para evitar los contenidos inapropiados en los medios audiovisuales, incluyendo nuevas realidades como la 'televisión a la carta' en Internet u otras tecnologías?
Las posibilidades de intervención en los contenidos inadecuados por parte de los poderes públicos han sido escasas hasta la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual que ha supuesto, entre otros aspectos, la transposición de la Directiva de servicios audiovisuales. En España el instrumento comúnmente aplicado ha sido la autorregulación de los operadores, a través de códigos de buenas prácticas o de conducta suscritos voluntariamente por los operadores, pero que se han demostrado absolutamente insuficientes debido al incumplimiento sistemático de los mismos por parte de los canales de televisión. Además, la legislación audiovisual era fragmentaria, obsoleta y sin previsión de mecanismos de intervención efectivos.
Actualmente ya existen tres consejos audiovisuales que son, igual que ocurre en el resto de los países de nuestro entorno europeo, las autoridades independientes con capacidad sancionadora a las que compete dicho control, para lo que disponen de instrumentos diferentes (recomendaciones, decisiones, instrucciones, corregulación, impulso de la autorreregulación y, en última instancia, la posibilidad de sanción) para evitar la emisión de contenidos inadecuados en horario infantil.
Asimismo, desde mayo de 2010 disponemos de la Ley General de Comunicación Audiovisual que sistematiza y concreta las obligaciones de todas las partes en relación con la protección de los menores. Esta nueva norma, además, ha endurecido el régimen sancionador para las infracciones que vulneren los derechos de los menores con multas que pueden llegar al millón de euros, lo que, sin duda, puede suponer un elemento disuasorio para los operadores y contribuirá, confío, en que estén más vigilantes en el cumplimiento de la Ley.
La Ley General de Comunicación Audiovisual prevé además la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que desarrollará las funciones propias de las autoridades reguladoras respecto a los operadores nacionales. A mi juicio es imprescindible la pronta puesta en marcha del CEMA para lograr el cumplimiento de la legislación en el ámbito nacional y la consiguiente coordinación con los consejos existentes en otras Comunidades Autónomas.
Si esto no se concreta en poco tiempo, me temo que la laxitud en el cumplimiento de las obligaciones legales y deontológicas para proteger a los menores seguirá siendo la tónica por parte de muchos operadores, con el consiguiente agravio comparativo respecto a los operadores sujetos a las autoridades reguladoras que actualmente están funcionando (Consejos Audiovisuales de Andalucía, Cataluña y Navarra).
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• Antonio Manfredi Díaz. Vocal del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. Director de Medios Interactivos de Rtva


Entrevista a Antonio Manfredi Díaz

Director de Medios Interactivos de RTVA. Vocal del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores

Qué aspectos de los medios de comunicación, no percibidos por los padres o tutores, pueden constituir un riesgo para la infancia?
Principalmente los contenidos con violencia, exclusión o xenofobia explícita, que empiezan a ser aceptados como normales en contextos habituales de programación. Incluyo también la permanencia de valores de supremacía del varón, enviando mensajes claros de debilidad por parte del género femenino. Uno de los ejemplos más llamativos, en mi opinión, de los últimos tiempos es el propio título de una serie "Sin tetas no hay paraíso" http://www.telecinco.es/sintetasnohayparaiso que ya es suficientemente explícito. Otra "heroína" popular es la ex mujer de torero Belén Esteban, cuya web http://www.belenesteban.es/index.php y sus apariciones televisivas son un compendio de resignación femenina y apuesta por lo doméstico-moderno que excluye un tratamiento igualitario con sus dramas masculinos. Ella es, sobre todo, una víctima a la que se atreven a amenazar con quitarle a su hijo y, cual Agustina de Aragón, se envuelve en la bandera de la feminidad, que es, incoherente, emocional y rabiosamente gritona.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de hacer visibles las situaciones de riesgo para la infancia? ¿Pueden generar sensaciones de riesgo que en realidad no existen?
Claramente. Uno de los elementos que definen la pseudocultura en que vivimos se centra en la generación de miedo ante algo que luego alguien nos resuelve para tranquilizarnos. Es un fenómeno mundial que, en el caso de la infancia, se centra en visiones particulares y egoístas de nuestro entorno, evitando la generosidad e, incluso, el conocimiento de otras realidades. Con esta visión, la manipulación es mucho más fácil.
Viendo la infancia que reflejan algunos medios de comunicación da la impresión de que hemos pasado de la infancia en riesgo a la infancia peligrosa ¿A qué se debe este cambio? ¿Es una percepción que obedece a datos reales?
No obedece a casos reales, sin duda. Tenemos la infancia mejor dotada y preparada de la historia, con unos padres comprometidos y dispuestos, en su mayor parte. Ahora bien, la infancia peligrosa es la que genera los valores anteriormente citados, con el fin de garantizar una sumisión a unos valores que, perfectamente generados, provocan dependencias y visiones pesimistas de la realidad.
¿qué iniciativas propone para convertir a los medios de comunicación en verdaderos "cómplices" en la protección a la infancia?
• Control por parte de la autoridad competente e inflexibilidad en los incumplimientos. En el caso de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía.
• Inclusión transversal de uso y conocimiento de los Medios en la ESO.
• Televisiones públicas de calidad con visiones constructivas y educadoras en su programación.
• Rechazo social a programaciones negativas y acuerdos con la principal red social TUENTI para insertar contenidos adecuados
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• José Chamizo de la Rubia. Defensor del Pueblo Andaluz - Defensor del Menor de Andalucía


Entrevista a José Chamizo de la Rubia

Defensor del Pueblo-Defensor del Menor de Andalucía


¿Cómo cree que se debe distribuir la responsabilidad en cuanto a la adecuada atención de la infancia entre progenitores, medio familiar y social y poderes públicos?
Vivimos en una sociedad cuyo modo de vida se caracteriza por la falta de tiempo necesario para atender las necesidades familiares que no sean las estrictamente económicas. Las largas jornadas de trabajo de padre y madre dificultan su implicación, con la intensidad y continuidad deseable, en la adecuada atención a los hijos.
Somos testigos de cómo esa ausencia de tiempo y de diálogo por parte de la familia impide que ésta asuma su papel de educadora. Sin embargo, corresponde a padres y madres establecer con claridad y contundencia límites a las conductas de hijos e hijas, tan necesarios para su educación y correcto desarrollo. Ellos y ellas han de fomentar la responsabilidad de los propios menores favoreciendo su autonomía e impregnándoles de valores seguros, estables, abiertos y eficaces para desenvolverse en la sociedad.
Pero a pesar del protagonismo de la familia, cada vez con mayor intensidad la tarea de formación de las personas menores se ha delegado en la escuela que, a su vez, desbordada por los programas escolares y por la falta de preparación no parece estar dando las respuestas que se demandan.
Por otro lado, corresponde a los poderes públicos profundizar en la conciliación de la vida laboral y familiar, y mucho me temo que en épocas de crisis económica como la actual están primando otros objetivos y necesidades, dejando en un segundo plano el camino iniciado, que tanta trascendencia ha de tener en la formación de niños, niñas y jóvenes.
¿Cuántas denuncias de situaciones de riesgo de menores recibió la oficina del defensor del Menor en 2009 y cuáles son las más frecuentes?
Durante el año 2009 se recibieron 94 quejas que suscitaban cuestiones relacionadas con situación de riesgo de las personas menores. Además, el servicio del Teléfono del Menor atendió un total de 86 llamadas donde se denunciaban carencias o dificultades en la atención básica de niños, niñas y adolescentes.
Respecto de cuáles son las denuncias más frecuentes, muchas de ellas se refieren a menores que forman parte de un medio sociocultural y económico desfavorecido, presentando los progenitores problemas personales que inciden en la falta de cuidados y atención a sus hijos.
También la conflictividad familiar asociada a situaciones de ruptura del vínculo matrimonial o la simple relación de pareja hacen que uno de los progenitores se dirija a nosotros alegando los deficientes cuidados de quien ostenta la guarda y custodia respecto de su hijo o hija, e incluso invocando el riesgo que implica el que la persona menor pudiera sufrir lo que se conoce como "síndrome de alineación parental".
En otras ocasiones las familias acuden a la Institución en demanda de ayuda ante las conductas inadaptada de algunos menores, generalmente adolescentes, preocupándose por los entornos nada favorecedores que pudieran frecuentar, y como este hecho puede influir en el correcto desarrollo de su personalidad.
Y en la vertiente educativa, aunque no son cuantitativamente significativas no dejan de recibirse quejas relativas a la aparente inactividad de las Administraciones Públicas ante conductas de absentismo escolar, generalmente referidas a menores en edad adolescente cercanos a la edad límite de la escolarización obligatoria. En estas edades, la complejidad de la intervención exige la implicación de la administración educativa, de los servicios sociales y de la propia persona afectada, quien es precisamente la que en muchas ocasiones hace fracasar, por ausencia total de colaboración, las medidas previstas en su favor.
Por último, una referencia a las tecnologías de la información y comunicación y cómo las nuevas redes sociales provocan situaciones de riesgo en los menores, en este caso vinculadas a una ausencia de protección por sus progenitores bien derivada de la conocida como "brecha digital", bien por negligencia o percepción inapropiada de los riesgos que el mal uso de internet y las redes sociales puede provocar.
 
¿Qué tipo de medidas son necesarias para prevenir estas situaciones y potenciar la protección a la infancia más desfavorecida?
No me cansaré de repetirlo: Prevenir antes que reparar.
Los equipos de tratamiento familiar desarrollan una importante labor preventiva pero, lamentablemente, en estos momentos de crisis económica tenemos noticias de que estos dispositivos podrían dejar de prestar su labor por cuestiones de financiación. Esto puede provocar el efecto indeseado de menores que dejen de estar convenientemente protegidos o lo contrario, desproporcionadamente protegidos mediante medidas que implican la separación del medio familiar por no disponer de medios con que reconducir la situación de riesgo tratándose de familias susceptibles de revertir dicha situación.
Cuando la prevención ya no es posible, emerge la intervención del Ente Público de protección de Menores con medidas más contundentes que pueden implicar la separación de la persona menor de su núcleo familiar. En este punto, resulta clave la agilidad en dicha intervención y la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias cambiantes del menor y su familia, ello conciliando a la vez el cumplimiento de los trámites procedimentales y las garantías previstas en la legislación en respeto de los derechos de las personas implicadas.
Otra medida debe ir dirigida a procurar llenar el tiempo de ocio de las personas menores con iniciativas atractivas de cultura, deporte, arte, medio ambiente, etc. que les aleje de conductas nocivas para si mismos y para la sociedad. En zonas especialmente conflictivas se requiere del esfuerzo decidido de las Administraciones por recuperar la calle, los espacios públicos de juego y evitar la repetición por imitación de conductas totalmente inapropiadas para su formación. Estoy convencido de la importancia de volver a recurrir a las medidas de dinamización sociocultural y educación de calle para que las personas menores visualicen otro tipo de comportamientos y cauces adecuados para el desarrollo de su personalidad.
Del mismo modo, creo que es necesario propiciar la participación de la infancia y la juventud. Hay que escuchar sus quejas y demandas, y articular medios de respuestas adaptados a la sociedad actual.
 
¿Cuáles son las actuaciones más relevantes en relación a menores en riesgo que ha llevado a cabo la oficina del Defensor del Menor en Andalucía a lo largo de este año?
En el Informe del Defensor del Menor del año 2009 se recogen en el correspondiente capítulo las principales resoluciones dictadas a lo largo del ejercicio que afectan a menores en situaciones de riesgo. Muchas de estas actuaciones se refieren a las garantías procedimentales en los procedimientos de desamparo provisional tras comprobarse situaciones de grave riesgo.
Pero de todas ellas, destacaría aquella en la que demandamos a la Administración la elaboración de un programa de intervención especializado referido a menores inimputables implicados en hechos que derivarían, de no ser por la edad (menor de 14 años), en la exigencia de la correspondiente responsabilidad penal.
Esta recomendación venía fundamentada en la queja que iniciamos, de oficio, tras las informaciones aparecidas en medios de comunicación que relataban como un banda más o menos organizada de menores venían protagonizando hechos violentos de los cuales en ocasiones eran víctimas otras personas también menores de edad.
En este caso, tras felicitarnos por el éxito de la intervención policial, no exenta de dificultades, nos cuestionamos la respuesta de las Administraciones ante la novedad de la participación de menores de tan corta edad, en algunos casos inimputables desde el punto de vista de la legislación de responsabilidad penal al no alcanzar la edad de 14 años. También centramos nuestra atención en los servicios proporcionados a las víctimas de tales hechos delictivos, en su mayoría menores de edad, quienes además de soportar la violencia ejercida durante el robo, sufrieron una situación de desamparo ante la amenaza de que pudieran repetirse idénticos o mayores hechos violentos.
Se trata de una cuestión ciertamente compleja, tanto como lo es en sí el fenómeno de la violencia o delincuencia juvenil, pero como Institución encargada de la defensa de los derechos de las personas menores realizamos una llamada de atención sobre las potencialidades de determinadas actuaciones que se encuentran en manos de la Administración y que convenientemente aplicadas contribuirían, según nuestra apreciación, a una mejor atención de los niños y niñas implicados en estos incidentes, tanto a los agresores como a las víctimas.
No quiero dejar de referirme a otras resoluciones que si bien no atañen de modo directo a las situaciones de riesgo de menores, tal como son descritas en la Ley de los Derechos y la Atención al Menor, si inciden en las mismas de un modo indirecto: Los puntos de encuentro familiar. Son unos recursos que están jugando un papel decisivo en supuestos de rupturas familiares conflictivas que tan negativamente repercute en los hijos e hijas.
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• Juan José Jiménez Hernández. Jefe de Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social En Huelva


Entrevista a Juan José Jiménez Hernández

Jefe de Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Huelva

 
¿Cuáles son los procedimientos y herramientas para la denuncia y notificación de maltrato infantil en Andalucía?
El Procedimiento que ha conseguido aglutinar el compromiso y la corresponsabilidad de todos los actores intervinientes en el sistema de protección a la infancia, quedó establecido el 20 de noviembre de 2002, con el acuerdo que permitió que viese la luz el Procedimiento de Coordinación para la atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía. Quisiera recordar las administraciones públicas que fueron los firmantes de este documento tan valioso: las Consejerías de Gobernación, de Justicia y Administración Pública, de Salud, de Educación y Ciencia y de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobierno en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En este Procedimiento se encuentran las bases de coordinación entre las administraciones y las pautas de actuación, así como el compromiso en la implantación de un sistema de Registro de casos de maltrato infantil, que aporte información y permita un adecuado conocimiento social sobre la realidad existente sobre los casos de maltrato a menores.
Fue en enero de 2004, con la publicación de un Decreto, cuando se creó el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil, y en julio de 2006, una Orden proporciona la herramienta principal para la comunicación de los casos y la obtención de los datos que integrarán el Sistema del Maltrato Infantil: La Hoja de Detección y Notificación.
También es conveniente mencionar que cada sistema de protección social tiene establecido protocolos de actuación cuando se detecta la sospecha de que un menor o una menor puede estar siendo objeto de malos tratos.

 
¿Cómo funciona el sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía?
Se ha avanzado en la creación del marco normativo y de los soportes instrumentales que permite su funcionamiento. Recientemente se ha puesto en funcionamiento la página Web del Sistema de Información.
El número de notificaciones se ha incrementado, no obstante, sigue siendo insuficiente. La ausencia de notificaciones hace que sólo podamos conocer una parte de la realidad, lo que a su vez impide adaptar los recursos necesarios para poder hacer frente a la situación y dar respuesta a esta problemática. Con los datos disponibles sólo se pueden hacer estimaciones.
Es el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios donde observo una mayor utilización de la Hoja de Detección y Notificación por los profesionales, como medio de notificación al Servicio de Protección de Menores, cuando el nivel de gravedad del maltrato valorado es grave.
Continúa siendo un reto superar este largo proceso de desarrollo e implantación de los protocolos y hojas de notificación, y avanzar más en la notificación de los casos que se valora la sospecha del maltrato como leve y/o moderado.
 
¿Cuáles son los factores de riesgo que con mayor frecuencia generan el maltrato a niños, niñas o adolescentes?
Precisamente el Sistema de Información sobre maltrato infantil permitiría realizar investigaciones fiables al respecto y no tan sólo trabajar con una muestra relativa, ya que al no existir notificaciones ni denuncias en la mayor parte de los casos, sólo se puede trabajar con una parte de la población afectada, no conociéndose la dimensión real del problema.
Esto no quiere decir que no existan profesionales que estén investigando y realizando aportaciones de interés.
En mi experiencia profesional, los factores de riesgo que ocasionan mayor daño al niño o a la niña son los asociados a la negligencia parental en edades muy temprana. También estamos asistiendo al daño emocional de muchos menores ante situaciones de violencia de género y separaciones conflictivas de los progenitores. También es significativo el incremento de casos que se denuncian de sospecha de abuso sexual infantil ante la detección de las secuelas que se evidencian en los menores que han sufrido este grave maltrato.
 
¿Existen criterios consensuados para evaluar los modelos de familias en riesgo?
Me gustaría destacar la publicación, en el año 2009, de La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social del libro Evaluación del Riesgo Psicosocial en Familias Usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Este estudio se hace con la finalidad de acercar a los profesionales del ámbito de los Servicios Sociales y, en particular, a los profesionales de la intervención directa con la infancia y las familias, una herramienta e instrumento que optimicen su tarea y promuevan la calidad de dichas intervenciones.
Este estudio ha sido realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, a través del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y ha estado centrado en la evaluación del riesgo psicosocial infantil en familias usuarias del sistema público de servicios sociales de Andalucía mediante la escala de bienestar infantil de Magura y Moses (1986).
El estudio se realizó con una muestra amplísima compuesta por 770 familias usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, contando con un total de 1518 menores evaluados mediante las escalas de bienestar infantil por los técnicos responsables de la intervención (psicólogos, trabajadores sociales y educadores).
La aplicación de la Escala por los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, de los Equipos de Tratamiento Familiar y de los Servicios de Protección de Menores, permitirá mejorar el consenso sobre la evaluación de los niveles de riesgo, la eficacia de las propuestas de intervención y el diálogo en un lenguaje común entre los servicios.
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• Belén Torres Vela. Directora del Programa “Es Posible” de Rtva


Entrevista a Belén Torres Vela

Directora del programa "Es posible" de RTVA


 
Los medios de comunicación tienen, sin duda, un importante papel en la denuncia de las situaciones de riesgo infantil. No obstante, en muchas ocasiones se presenta esta problemática desde una óptica sensacionalista. ¿Podría señalar algunas recomendaciones para abordar este tipo de informaciones?
En primer lugar considero que los menores en si, al igual que otros sectores de población, son sujetos informativos y como tales producen, generan, observan y consumen información. De ahí que las legislaciones se hayan preocupado en los últimos años por preservan la información que sobre los menores se vierte en los medios de comunicación, sobre todo en la TV.
El problema surge en que la información relativa a menores esta demasiado unida en ocasiones al sensacionalismo de otras noticias, que tienen que ver más con la violencia, los sucesos, o los procedimientos judiciales. Y es aquí donde entran las dudas, es el menor protagonista de los hechos, modifica o no la información el hecho de contar con testimonios de menores o de sus padres, despierta sentimientos en la audiencia el contar o no con los menores, todos estos ingredientes y muchos más hacen que en ocasiones la información se convierta en sensacionalista y los menores en protagonistas. Aunque es cierto que esto ocurre ya en muy pocas ocasiones, ya que las leyes de protección al menor imperan hoy en la mayoría de la redacción.
Como única recomendación creo que hay que preservar siempre el derecho del menor, y eso pasa por preservar su intimidad. Sólo un ejemplo de mala praxis, el caso Marta del Castillo. Un dato, Hoy circula por la red el centro en el que uno de los menores acusados se encuentra internado.
Algunas recomendaciones:
- Siempre hay que respetar el principio de universalidad de los derechos de los niños y niñas.
- Priorizar siempre el interés superior del menor en la toma de decisiones.
- Garantizar la exactitud y contextualización de los contenidos de las informaciones en las que los protagonistas sean menores.
-Proteger la imagen y la identidad de los niños y niñas, sean de donde sean, y siempre y cuando la información en la que se vean implicados suponga una vulneración de derechos, hay informaciones en la que es bueno que aparezcan los menores.
- Garantizar el derecho a la participación de los niños y niñas en los medios de comunicación.



Son frecuentes los casos que trascienden a los medios de comunicación de progenitores que se oponen a alguna actuación de las administraciones públicas competentes en materia de atención y protección de menores. ¿Qué opinión le merece el tratamiento que le suelen da los medios?
Creo que siempre hay que comprobar la noticia, acudir a todas la fuentes, conocer la información. El problema es que en ocasiones las administraciones se niegan a dar todas las informaciones, alegando el bienestar y la protección del menor, pero en muchas ocasiones esa protección y bienestar se ve alterado por las continuas declaraciones de los progenitores, que a fin de cuentas ponen en duda las decisiones de la administración. Creo que los medios no deberían entrar en esa "guerra" hasta no conocer con exactitud lo hechos, y esos sólo se conocen oyendo a todas las partes, es por ello quizás, que protegiendo siempre el derecho del menor, las administraciones también deberían dar información en el momento en el que se cometa una actuación. Los errores de la administración llenan hojas y minutos de TV, los logros muy pocos.
 
Existen algunas experiencias de periodismo (Neighbourhood Diaries, en el estado indio de Bengala, Samaa TV en Pakistán) en las que participan niños en riesgo de exclusión social. Informan en sus comunidades y crean contenidos para que los medios de comunicación tengan presente estas cuestiones y puedan encontrar soluciones. ¿Cómo valora este tipo de iniciativas?, ¿Cree que son necesarias en nuestro país?
Ese tipo de iniciativas son buenas en sociedades como la India, o como la que se llevo a acabo en Brasil hace unos años, aquí sin embargo creo que acabaría convirtiéndose en un reality. Países como India, Pakistán, Brasil o Sudáfrica, cuentan con una realidad completamente distinta. Hablamos que la mitad de los menores en India están en riesgo de exclusión social, hablamos de que el 20 por ciento sufre malnutrición aguda, y hablamos de que las niñas son obligadas a casarse a los 13 años. Creo que el concepto de exclusión es distinto y las experiencias también. Aquí solo funcionaria un programa de esas características si se introdujeran elementos más cercanos a la ficción, a lo que se une que no creo que tengamos unos niveles tan altos de exclusión. La prueba, que aquí se demandan programas para solucionar problemas y no tanto para escuchar situaciones de menores en riesgo. Funciona la Super Nani, o SOS adolescentes, y estos con todas mis dudas también, pero no tengo claro que funcionara un programa en el que los menores buscaran soluciones a sus situaciones de exclusión.
Ud. dirige un programa en la televisión andaluza, "ES POSIBLE", que aborda temas de alto interés social intentando presentar una visión objetiva y amplia de la realidad ¿Cree que son necesarios este tipo de programas para conseguir una mayor sensibilización social sobre estas cuestiones? ¿Qué otras iniciativas propondría en el campo de la comunicación?
Sin duda, la sociedad necesita cada vez más información cercana a su realidad, y esa información cercana es lo que denominamos periodismo social, que no es otra cosa que presentar la realidad que se vive. Temas como los menores, la mujer, la inmigración, la cooperación al desarrollo, la discapacidad o la pobreza son cuestiones de las que hablamos a diario, y desde ahí necesitan una respuesta informativa, a lo que se une también un compromiso con este tipo de informaciones, que parten del respeto a los diversos colectivos con los que trabajamos y que requiere por nuestra parte un código ético, no todo vale, no todo se puede contar hurgando en la herida, o pasando de puntillas ante la realidad que un determinado colectivo pueda estar viviendo. Son necesarios programas como "Es Posible", y sería estupendo que la realidad social tuviera espacios, el problema es que hoy sólo los encuentra en las TV públicas, y a veces demasiado escondidos en sus parrillas.
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• Soledad Monterde Pérez Jefa del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba


Entrevista a Soledad Monterde Pérez

Jefa del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba




¿Podría explicar brevemente los recursos y diferentes niveles de intervención en las familias usuarias de los servicios sociales para la infancia?

La protección infantil en España experimenta un cambio a partir de la entrada en vigor de la Ley 21/87, con la transferencia a los Servicios sociales de las Comunidades Autónomas, de las competencias sobre la intervención con los menores víctimas de desprotección familiar.

> Servicios sociales Comunitarios: Nivel de atención Primaría.

En cuanto a que son el recurso más cercano a la realidad social, debe ser la puerta de entrada al sistema de todos los casos de menores en desprotección, a excepción de los más graves que acuden a través de procedimientos de urgencia.

Deben asumir todas las funciones relacionadas con la prevención de las situaciones de desprotección infantil, interviniendo en todos los casos en los que no se procede a la declaración de desamparo.

Cuando se detecta la necesidad de intervenir y tratar a las familias con problemas donde hay menores que puedan estar sufriendo maltrato, se crean, a partir del año 2000, los Equipos de Tratamiento Familiar, compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales.

> Servicios Especializados de Protección: Segundo nivel de actuación.

Dependen directamente de la Comunidad Autónoma y asumen la intervención en los casos de mayor grado de gravedad, es decir, cuando tiene que asumirse la declaración del desamparo, la separación del menor de su familia de origen adoptando medidas de protección como el acogimiento familiar, el acogimiento residencial y la adopción.

 

¿Cuáles son las situaciones de riesgo social en las familias con menores que determinan la intervención de los servicios sociales?

La situación de desprotección infantil se define cuando las necesidades básicas del menor no son satisfechas convenientemente y puede generar un daño o un riesgo que dificulte o impida su desarrollo integral. Se establecen los siguientes tipos de desprotección infantil:

> Maltrato físico/negligencia

> Maltrato emocional/abandono emocional

> Abuso sexual

> Maltrato prenatal

> Corrupción

> Explotación laboral

> Dificultad de control de la conducta del menor

> Retraso del desarrollo no orgánico

> Síndrome de Munchaüsen por poderes

> Abandono literal

> Situación de necesidad familiar

 

No existe claridad a la hora de diferenciar conceptos como riesgo y desamparo. ¿Es lo mismo una situación de riesgo que de desamparo, podría aclararlo?

La clasificación básica del tipo de casos con los que se trabaja en protección infantil en España, establece una diferenciación entre los "casos de riesgo" y los "casos de desamparo". La Ley Andaluza 1/98, de los Derechos y Atención del menor, establece que las situaciones de riesgo son aquellas en las que existan carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores, que no requieran su separación del medio familiar, mientras que en las situaciones de desamparo la gravedad de los hechos aconseja la extracción del menor de la familia.

Esto además implica que la consideración de un caso como "de riesgo" o "de desamparo", repercute en la organización de los recursos para la protección de la infancia, ya que sería competencia del primer nivel de atención o del segundo nivel especializado, según el caso, teniendo que llegar a un acuerdo en la consideración para que los Servicios Especializados procedan a la declaración del desamparo y por tanto, a la asunción de la tutela.


 

¿Cómo actúa la Administración cuando un menor se encuentra en situación de riesgo? ¿Y ante el desamparo?

La Ley del menor 1/98 establece una serie de medidas dirigidas a la prevención de las situaciones de riesgo que pueden ser de carácter técnico y económico, entre las que se encuentran:

> Red de recursos generales

> Servicios Sociales Comunitarios

> Ayudas económicas familiares

> Ayuda a domicilio

> Centros de día

> Programas Específicos de Tratamiento e intervención con menores. (Aquí es donde se ubican los Equipos de Tratamiento Familiar)

> Programas contra los abusos y agresiones sexuales

> Programa de Mediación Familiar

> Programa de Punto de Encuentro y Espacios Facilitadores de las Relaciones Familiares.

 

Ante los casos de desamparo, y por tanto en caso de separación del menor de al familia de origen, el recurso alternativo prioritario es el acogimiento familiar, para lo que es necesaria la adecuación de las características de la familia a las necesidades de los menores. Ello se hace a través de la evaluación y formación de las familias acogedoras, selección de la familia acogedora más adecuada a cada menor y apoyo técnico a las mismas para la adecuada integración de los menores.

En aquellos casos en los que no se aconseja el acogimiento familiar, se debe proceder al ingreso del menor en un centro de acogimiento residencial, procurando que tenga la menor duración posible, salvo que convenga al interés del menor.

La adopción se da cuando se prevé que la familia biológica será incapaz de asumir a corto o medio plazo el cuidado de sus hijos y por tanto se descarta el retorno a la familia de origen.

 

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• Manuel Martínez Domene Jefe de Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social En Almería


Entrevista a Manuel Martínez Domene

Jefe del Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Almería.




¿Cuáles son las situaciones de riesgo detectadas más frecuentemente?

> Situaciones de negligencia en el cuidado de los menores por falta de habilidades, consumo de tóxicos, patología mental y discapacidad en alguno o los dos progenitores o de los hijos y falta de apoyo familiar.

> Situaciones de maltrato emocional o psicológico en los menores y en los progenitores, por separaciones o divorcios conflictivos, falta de habilidades en resolución de conflictos, lo que en algunos casos desemboca en situaciones de violencia intrafamiliar, tanto de hijos hacia padres como de padres hacia hijos, donde cuesta delimitar quien es agresor y quien es la víctima.

 

¿Cuáles son las características de las familias usuarias de los servicios sociales en la Comunidad andaluza?

(La respuesta se enfoca desde el ámbito de menores y familia)

Esta pregunta habría que plantearla a SS.CC., y más ahora que cambian tan rápido los perfiles, tanto por la evolución de las necesidades como por la mayor dotación en SS.CC. por lo que tienen más capacidad para dar respuesta a nuevas situaciones y desde diferentes disciplinas.

Yo puedo responder en el ámbito de familias con menores. Además de las del apartado anterior (en estos casos no suelen acudir por iniciativa propia, si no que hay que realizar previamente una intervención de motivación y reconocimiento de su situación para la adhesión).

Se observa un número importante de familias monoparentales con cargas familiares, con dificultades económicas y de conciliación vida familiar y laboral.

Cada vez acuden más padres que solicitan orientación y ayuda para abordar la crianza y el cuidado de sus hijos. O bien porque desean ingresarlos en centros de modificación de conducta, de protección o reforma.

 

¿Qué instrumentos se utilizan para evaluar las conductas de riesgo para los menores en su contexto familiar?

Por nuestra parte sabemos que los profesionales utilizan multitud de escalas pero habría que preguntar a los psicólogos/as, pues son muchas y sobre diferentes cuestiones: ansiedad, aceptación de la separación de los padres, personalidad, ...

En el manual de intervención como instrumentos de evaluación se recomienda:

> Como instrumento de evaluación de conductas el "inventario de problemas de conducta del niño (CBCL-TRF-, Achenbach, 1986, 1991).

 

Además utilizan otros instrumentos de evaluación dirigidos al grupo familiar siendo este el sujeto de intervención de los E.T.F.

> Instrumentos de evaluación de necesidades infantiles.

> Factores de protección y de riesgo (de los padres, menores y entorno).

> Factores de riesgo de los padres más frecuentes en cada uno de los tipos de maltrato infantil.

> Criterios de evaluación de gravedad y riesgo en situaciones de maltrato y abandono infantil.

> Factores asociados al pronóstico.

> Esquema de las áreas familiares a explorar.

 

¿Qué tratamientos se utilizan con las familias para apoyar y revertir las situaciones de riesgo en la infancia?

El menor siempre se considera dentro de un grupo familiar y las actuaciones van dirigidas a todos los integrantes del mismo, de forma que reinvierta positivamente en el bienestar del menor.

Las líneas generales de actuación que guían al Programa son:

> Perspectiva amplia, ecológico-sistémica, que guía los procesos de análisis e intervención, así como una actitud de permanente acceso y coordinación con las redes y servicios comunitarios.

> Las estrategias y técnicas de tratamiento deben estar adaptadas a las necesidades y posibilidades reales de la familia.

> Ayudar a las familias para que sean competentes en sus funciones parentales.

> Colaboración y corresponsabilidad con instituciones y profesionales.

> Coordinación de la intervención por parte de los diferentes agentes complementarios entre sí.

> Trabajo en equipo e interdisciplinariedad, no sólo en los E.T.F, sino también respecto de la necesaria colaboración, coordinación e interrelación con profesionales de otros ámbitos relacionados con la infancia.

> Búsqueda del consenso (documentos, protocolos, decisiones de los casos...).

> Visión integral y compartida de la situación de los niños y de sus familias, trabajo en red.

 

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• Juan Antonio Marcos Sierra Coordinador Técnico del Área de Servicios Personales. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Sevilla


Entrevista a Juan Antonio Marcos Sierra

Coordinador Técnico del Área de Servicios Personales. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Sevilla


¿Cómo intervienen los servicios sociales municipales en el ámbito familiar para abordar las situaciones de riesgo o maltrato a la infancia y adolescencia?
Los Ayuntamientos tienen competencias en el desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, así como en la detección de situaciones de desprotección y la intervención en los casos que se requieran en el propio medio. Además, son competentes para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las situaciones de riesgo.
Todo el desarrollo normativo ha permitido igualmente configurar los circuitos de entrada y derivación de estos casos, otorgando especial importancia a las redes de atención primaria (sanitaria, educativa y social), en las que habitualmente se realiza la detección precoz.
Los Servicios Sociales Comunitarios, a través de los Servicios de Información, Valoración y Orientación o de Convivencia y Reinserción Social, desarrollan las primeras valoraciones determinando, en su caso, el pronóstico inicial y las actuaciones a seguir, en estrecha coordinación con el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.
La experiencia acumulada en estos años ha señalado la importancia de este proceso de valoración y de derivación a los Equipos de Tratamiento Familiar (E.T.F.) de aquellas familias susceptibles de intervención y con posibilidad de preservar al menor en su medio.
La intervención de estos equipos es un abordaje interdisciplinar (social, educativo y psicológico) que trabaja a nivel individual, familiar, de pareja, trigeneracional, que persigue el objetivo final de potenciar los factores de protección y eliminar o disminuir los factores de riesgo de estas familias, para evitar la salida del menor de la familia y propiciar, en su caso, el proceso de reunificación.
El trabajo a nivel local en estos años se ha orientado también en la línea de la prevención y de la promoción del bienestar de los menores y su calidad de vida. Fruto de este trabajo ha resultado la aprobación del Plan Local sobre la Infancia, el Consejo de la Infancia, El Programa de Ciudades Amigas de la Infancia o las propias Comisiones de Absentismo Escolar.
 
¿Qué ha supuesto la creación de los Equipos de Tratamiento Familiar en la Comunidad Andaluza?
La configuración del Programa de Tratamiento a Familias con menores ha permitido la creación de equipos técnicos interdisciplinares que se han integrado orgánica y funcionalmente en la estructura de Servicios Sociales Comunitarios, y que han permitido configurar el Sistema de Atención a la Infancia, en estrecha coordinación con otros sistemas (educativo, sanitario, judicial, etc.).
Desde su puesta en marcha, la incorporación de los profesionales de los E.T.F. ha supuesto una descarga del trabajo que se había venido realizando en los servicios sociales municipales, permitiendo, con el trabajo coordinado de ambos equipos, ofrecer a las familias una atención más específica y continuada.
Paralelamente, todo el desarrollo normativo ha permitido la distribución de competencias de las corporaciones locales y comunidad autónoma, además de facilitar los mecanismos de coordinación entre ambas.
 
¿Con qué dificultades se encuentran los profesionales de estos servicios para detectar y clasificar la presencia de riesgo y maltrato infantil?
A la hora de detectar las situaciones de riesgo infantil nos encontramos con un esfuerzo en el trabajo que se debe realizar, debido fundamentalmente a la complejidad de los criterios utilizados para definir estas situaciones, a la ausencia de indicadores precisos y de instrumentos de evaluación.
El maltrato infantil es un problema que suele producirse dentro del "ámbito privado" de la familia. Al tratarse de menores, es más difícil que denuncien ellos mismos estas situaciones, sobre todo por la implicación afectiva y la acomodación que se produce a las prácticas de la vida familiar. Podemos a veces detectar fuera de ese contexto las consecuencias, pero menos las propias actuaciones de maltrato.
A pesar de que existe una mayor sensibilidad social, existe la consideración de que los niños son propiedad privada de los padres. A esto se une el desconocimiento a la hora de notificarlo y a veces la desconfianza en el propio Sistema de Protección.
Finalmente, señalar que en las familias donde se produce el maltrato no existe una demanda explícita sobre esta situación. Las derivaciones suelen venir bien a través de otros familiares o de servicios en contacto con el menor. Esto determina que gran parte del trabajo terapéutico inicial se centre en conseguir que las familias se comprometan con el tratamiento.
 
¿Qué modelo terapéutico se aplica en los Servicios Sociales Comunitarios a familias que tienen menores a su cargo y que plantean situaciones de riesgo?
Nuestros Servicios Sociales Municipales tienen una larga tradición de trabajo familiar con menores en situación de riesgo y de trabajo comunitario. Esto ha permitido que las intervenciones con familias se hayan sustentado ampliamente en una visión ecológica y sistémica.
Desde hace unos años, el Equipo de Tratamiento Familiar viene trabajando a nivel terapéutico con un modelo sistémico constructivista y es pionero en la utilización de la técnica del Equipo Reflexivo desarrollada por Andersen. Este formato de trabajo ha permitido desarrollar lo que consideramos uno de los puntos fuertes de este equipo, el trabajo interdisciplinar.
Básicamente consiste en un sistema de entrevista en el que el Equipo de Tratamiento observa la sesión que conduce otro de los miembros del equipo con la familia en otra sala. Hasta aquí el formato es el que ha sido descrito más típicamente dentro del campo de la terapia familiar sistémica. Sin embargo, esta técnica introduce una variante importante: en un momento dado de la entrevista el equipo que observa pasa, bien porque lo solicita la propia familia o el terapeuta, o bien por iniciativa propia, a dialogar entre ellos ante la familia acerca de lo acontecido durante la sesión.


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• Josefa Vázquez Murillo. Subdirectora General de Infancia y Familias. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social


Entrevista a Josefa Vázquez Murillo

Subdirectora General de Infancia y Familias. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

¿Cuáles son las líneas generales que fundamentan el programa de tratamiento familiar y qué objetivos persigue?
El Programa de Tratamiento Familiar nace con el objetivo de dar cumplimiento a los criterios establecidos en la Ley 1/1998, de 20 de abril de los Derechos y la atención al Menor, donde se establece que debe ser prioridad de las Administraciones públicas andaluzas competentes en materia de infancia el fomento de las medidas preventivas a fin de evitar situaciones de desprotección y riesgo para los menores y procurar su permanencia en el propio entorno familiar.
En base a estas premisas y en el marco de la distribución de competencias establecidas en la Ley, desde julio del año 2000 que se publicó la primera Orden Reguladora, el Programa se ha ido configurando y consolidando con la aportación enriquecedora de todas las partes implicadas, para cumplir con sus objetivos, que a grandes rasgos se pueden resumir en: proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo social un tratamiento especializado y personalizado que les doten de las estrategias y los recursos personales necesarios para abordar adecuadamente la crianza y educación de sus hijos, evitando así la necesidad de la adopción de una medida protectora o, bien, si ya ha sido necesaria esta medida, orientar esta intervención a normalizar la situación familiar para que los hijos puedan volver a su hogar cuanto antes.
 
¿Desde que marco teórico se orienta la terapia familiar en el contexto de los servicios sociales?
El Programa de Tratamiento Familiar se enmarca en una visión ecológico-sistémica de las dinámicas familiares, partiendo de una perspectiva global e integradora del abordaje de las distintas situaciones familiares, con una actitud permanente de acceso y coordinación con las redes y los servicios de la comunidad, tanto generalistas como específicos.
Como consecuencia de este planteamiento, las estrategias y técnicas de tratamiento que se utilizan con las familias se adaptan a sus necesidades y posibilidades, el trabajo se enfoca a ayudar a las familias para que sean competentes por sí mismas en el ejercicio de sus funciones parentales y competentes igualmente en la resolución de situaciones futuras. Todo ello desde la interdisciplinariedad y con la imprescindible colaboración y coordinación con profesionales de otros ámbitos de la infancia.
En resumen, se trata de aminorar hasta eliminar las circunstancias familiares que interfieren en el adecuado desarrollo y el bienestar de los menores, y potenciar y reforzar los factores compensatorios o de protección, reforzando el papel de los recursos de la comunidad.
 
¿Cómo se regula la protección de la atención de la infancia y familias en dificultad en nuestra Comunidad Autónoma?, ¿cuáles son los niveles de intervención del sistema público de servicios sociales?
La atención a la infancia y la familia en Andalucía es una tarea compartida por las distintas administraciones públicas y por tanto, está regulada por un extenso catálogo de normativa que desde el ámbito de la educación, salud, servicios sociales, administración central, local, etc, establecen los medios para promover el bienestar de los menores y sus familias.
Este contexto normativo configura un sistema de atención a la infancia y la familia con tres niveles de intervención fundamentalmente: En primer lugar, las actuaciones y medidas dirigidas a la población en general, de promoción de la calidad de vida de las familias, tales como políticas de empleo, de acceso a la vivienda, de promoción de hábitos saludables, etc.
En un segundo nivel podríamos situar las medidas de detección y prevención de las circunstancias que puedan comprometer el adecuado ejercicio de la responsabilidad parental, tales como los programas de atención a familias en situación de vulnerabilidad y las prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios. En este segundo nivel podemos enmarcar al programa de tratamiento familiar que aunque tenga un importante componente de tratamiento, no podemos olvidar su finalidad de prevenir las secuelas producidas por la situación de riesgo y evitar su agravamiento y cronicidad.
Por último, apuntar el último nivel de intervención que se corresponde con la adopción de medidas de protección por parte de la Entidad Pública: cuando todas las medidas anteriores no han dado los resultados deseados o se producen circunstancias sobrevenidas que comprometan la integridad y seguridad del menor, es necesario adoptar medidas que suponen la separación del menor de sus padres y asumir su tutela. Estas medidas por supuesto, no son definitivas y una vez adoptadas, se inicia un plan de trabajo con el menor y la familia para conseguir cuanto antes la reintegración del menor con su familia
 
La prevención es la mejor herramienta para poder disminuir el numero de menores en situación de riesgo, ¿qué medidas lleva a cabo la Administración en este sentido?
Indudablemente, la prevención es la mejor medida protectora que podemos emplear para garantizar el bienestar infantil. En la medida en que seamos capaces de establecer condiciones favorecedoras para que las familias puedan ejercer adecuadamente su responsabilidad parental, estaremos reduciendo la necesidad de que la Administración tenga que intervenir de manera nada deseable para nadie en la dinámica familiar, separando a los hijos de sus padres.
Dicho en otras palabras, se trata de trabajar para evitar las causas del problema, y no sólo para paliar las consecuencias.
Para ello, la Administración está dedicando cada vez más esfuerzo y recursos en apoyar a las familias y facilitarles la responsabilidad que les corresponde de atender adecuadamente a sus hijos, desde el convencimiento que las políticas de infancia más rentables socialmente, más eficaces y más eficientes, son las que apuestan por mejorar la calidad de vida de las familias.
 
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• Mª Rosario Bascón Barrea. Jefa de Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social En Sevilla


Entrevista a Mª Rosario Bascón Barrera

Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla

Son cada vez más frecuentes los casos de parejas que tratan de solventar sus conflictos y obtener la guarda y custodia de sus hijos en los Tribunales de Justicia ¿Cree que esto puede contribuir a producir situaciones de riesgo social de los hijos e hijas menores?
Entiendo que la pregunta se refiere a aquellos casos de separaciones o divorcios donde no existiendo acuerdo entre los progenitores respecto a quién (padre o madre o bien ambos en casos de custodia compartida) ejercerá la guarda y custodia respecto a los hijos; ambos están inmersos en un procedimiento judicial para solventar esta situación. Respecto a ello considero, que si esta falta de entendimiento da lugar a un conflicto abierto y crónico entre ambos progenitores y en este caso los progenitores anteponen sus intereses o necesidades a las de sus hijos e hijas e incluso pueden utilizar a estos para conseguir sus propios fines; evidentemente esta situación puede dar lugar a situaciones de riesgo social en los hijos menores de edad. Por el contrario, si estas situaciones de ruptura de la pareja con hijos menores de edad se producen de mutuo acuerdo o bien los padres y madres no mezclan a los hijos en su conflicto; aún cuando considero que las separaciones de la pareja son siempre traumáticas; en estos casos no tienen por qué dar lugar a una situación de riesgo social en los hijos menores de edad
Para atender a las familias el sistema público de servicios sociales andaluz cuenta con distintos servicios (SIOV, SECORE, ETF). ¿Podría explicar cuáles son y cómo intervienen?
Tal cual está establecido en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, los Servicios Sociales se estructuran en dos modalidades: los Servicios Sociales Comunitarios y Los Servicios Sociales Especializados.
Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, se ubican en los Centros de Servicios Sociales donde prestan, entre otros, los siguientes servicios:
> De información, valoración, orientación y asesoramiento al ciudadano (SIOV). En este Servicio se informa a la ciudadanía sobre sus derechos y los recursos sociales existentes y también es el servicio donde se detectan y analizan aquellos problemas que puedan presentar los distintos sectores de la población a la que atienden.
> De Cooperación Social, su finalidad es la promoción y potenciación de la vida comunitaria, impulsando el asociacionismo.
> De Ayuda a Domicilio, con este servicio se prestan una serie de atenciones de carácter doméstico, social y de apoyo a las personas y a las familias con el objetivo de facilitar su autonomía en su medio habitual.
> De Convivencia y Reinserción Social, este servicio tiene como finalidad buscar alternativas al internamiento en instituciones de las personas que se encuentran en especiales condiciones de marginación procurando su normalización y la incorporación de estos a la vida comunitaria.
Por su parte, los Servicios Sociales Especializados ya se dirigen hacia determinados sectores de la población que necesiten de una atención específica, siendo uno de los sectores de población a los que atienden la familia, infancia, adolescencia y juventud. Su finalidad no es otra que atender la problemática que pueda incidir en su bienestar, especialmente las disfunciones que se puedan producir en el medio familiar, compensándolas o corrigiéndolas.
¿Cuáles son los mecanismos de protección que la Administración autonómica establece ante las situaciones de riesgo?
En primer lugar me gustaría indicar que conforme a la distribución de competencias que se establece en la Ley de los derechos y la atención al menor en Andalucía, son las Corporaciones Locales las competentes para el desarrollo de actuaciones de prevención, información, detección de menores en situación de desprotección e intervención en los casos que requieran actuaciones en el propio medio. Son también las competentes para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las situaciones de riesgo. Por su parte la Administración de la Junta de Andalucía es la competente para la planificación, coordinación de los servicios, actuaciones y recursos relativos a la protección de menores en la Comunidad Autónoma; siendo también la competente para ejercer las funciones de protección de menores que impliquen la separación del menor de su medio familiar (desamparo y guarda administrativa). Ambas Administraciones deben establecer mecanismos de cooperación para el adecuado ejercicio de sus respectivas competencias y para el cumplimiento de los fines que legalmente tienen encomendados. Entre estos mecanismos de cooperación podríamos hacer referencia a Los Convenios de Colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y los Ayuntamientos /Diputaciones Provinciales para el desarrollo del Programa de Tratamiento a Familias con Menores cuya finalidad no es otra que preservar los derechos y promover el desarrollo integral de los menores en su medio familiar y posibilitar el retorno de los menores a su familia de origen en aquellos casos en los que tras la separación del menor por la adopción de una medida de protección, se considere que esta es la alternativa más prioritaria y más adecuada para los mismos; siendo este programa el que se lleva a cabo a través de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF), de carácter interdisciplinar.
Otro mecanismos de cooperación son los Convenios de Cooperación entre la misma Consejería, Ayuntamientos/Diputación Provincial en materia de Ayudas Económicas Familiares de Atención al Niño, que se consideran prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter preventivo dirigidas a reducir o suprimir factores que generen situaciones de dificultad social para los menores, con el fin de evitar su institucionalización y posibilitar su integración en su medio social y familiar.
Estas y otras medidas son de carácter preventivo a fin de evitar situaciones de desprotección y riesgo para los menores.
¿En qué situaciones se adopta la medida de protección que supone la separación del menor de su entorno familiar para garantizar su integridad y seguridad?
La separación del menor de su núcleo familiar se lleva a cabo cuando se constate por parte de la Entidad Pública competente, en este caso Junta de Andalucía, que el menor se encuentra en situación legal de desamparo, siendo esta una situación de hecho, que se produce a causa del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecido por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia material y moral; siendo esta la definición que da el Código Civil.
Como situación de desamparo podríamos enumerar, entre otras, las siguientes: el abandono voluntario del menor por parte de su familia, la existencia de malos tratos físicos o psíquicos o de abusos sexuales por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con el consentimiento de éstas, la inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, la drogadicción habitual de los padres, tutores, guardadores del menor siempre que esta situación incida gravemente en el desarrollo y bienestar del menor, el trastorno mental grave de los padres o guardadores que impida el normal ejercicio de la patria potestad o guarda, etc... Circunstancias todas que deberán ser constatadas por la Entidad Pública competente, así como que se han agotado todas las posibilidades de intervención con el menor y su familia en su medio familiar y que por tanto la separación del menor es la única vía para garantizar la integridad física o psíquica del mismo.
 
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• Miguel Garrido Fernández. Doctor En Psicología y Profesor Titular En la Universidad de Sevilla. Terapeuta Familiar


Entrevista a Miguel Garrido Fernández

Doctor en Psicología y Profesor Titular en la Universidad de Sevilla. Terapeuta Familiar

¿Podría referir las causas que han motivado la realización del estudio 'Evaluación del riesgo psicosocial en las familias usuarias del sistema público de servicios sociales de Andalucía'?
En el contexto de los Servicios Sociales del Sistema Público era frecuente que los profesionales hablaran con frecuencia de la carencia de instrumentos de evaluación validados con población española para la evaluación, seguimiento y ayuda a las familias en riesgo.
La creación de los Equipos de Tratamiento Familiar por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y su amplio desarrollo desde al año 2000 han favorecido un contexto de formación, investigación y revisión de las intervenciones y tratamientos familiares muy notorio. Estas experiencias formativas mostraron la necesidad de contar con instrumentos validados para la evaluación y seguimiento de las actividades de atención a los menores y sus familias. La creación de una red de profesionales dedicados específicamente a la atención a las familias en riesgo favoreció la implementación del estudio, así como su posterior difusión. En nuestro país es muy necesario el desarrollo de estudios sobre evaluación de los sistemas familiares. Las pruebas existentes normalmente no están validadas con población española y existen muy pocas que midan relaciones familiares. En este sentido la principal motivación del estudio estuvo en la necesidad de contar con pruebas validadas en nuestro entorno y facilitar a los profesionales un perfil de riesgo de las familias para ayudar en la evaluación y ayuda a las mismas.
 
¿Cuál es la concepción de riesgo psicosocial en las familias que se ha utilizado en el estudio?
En general incluimos en el estudio dos concepciones complementarias sobre el riesgo. Consideramos en primer lugar el riesgo como la probabilidad futura de recibir un daño y al mismo tiempo sumamos la idea de las carencias y déficits en la atención a las necesidades de los menores. Así mismo hemos pretendido incluir las propuestas sobre el bienestar infantil y la calidad de vida de los miembros de la familia. Podríamos decir que desde una óptica ecosistémica el concepto de riesgo psicosocial debe incluir factores parentales, del propio menor, de la relación entre ambos y por supuesto del marco social y comunitario en el que vive la familia.
 
¿Existe un patrón o un perfil de riesgo psicosocial de las familias usuarias de los servicios sociales públicos?
No podemos hablar de un perfil claro de riesgo, aunque si podríamos decir que existen algunos índices que colaboran en el aumento del riesgo en las familias. Así por ejemplo, las familias en las que los cuidadores principales tienen parejas inestables, bajos ingresos, escasos estudios, trabajos esporádicos y cierta cronificación en la utilización de los servicios sociales obtienen peores resultados en las Escalas de Bienestar Infantil. Es importante destacar que los perfiles en los diferentes servicios son parecidos, lo que realmente cambia en la cantidad o disminución de los recursos. Es decir, no podríamos hablar de un solo perfil diferencial de las familias en riesgo, pero si de determinadas características que en términos de carencia aumentan el riesgo. Al mismo tiempo es importante señalar que para el trabajo intensivo con las familias el perfil es solamente una guía para tomar decisiones estratégicas porque a la hora de la verdad cada familia es única y el mandato ético principal es adaptarse a su estilo, necesidades y tratar de conseguir una pronta alianza que pueda colaborar en el cambio del sistema de forma que impida el desarrollo de síntomas disfuncionales. Los perfiles generales de estas familias ayudan a las administraciones a conocer las realidades sociales en las que se encuentran y sirven para tomar medidas en todos los niveles de prevención.

 
¿Cuáles son los factores e indicadores de riesgo social que permiten detectar situaciones de vulnerabilidad y/ o maltrato familiar e infantil?
El riesgo de vulnerabilidad familiar y de maltrato a los menores se puede detectar al observar conductas más o menos llamativas que se dan en contextos educativos, sanitarios y comunitarios con los que los miembros de los sistemas familiares tienen contacto. Así por ejemplo, la crítica reiterada a los menores o del progenitor varón a la madre, las discusiones constantes de los progenitores, la indiferencia hacia los niños/as, el autoritarismo, la rigidez, la sobreprotección, la utilización de castigos severos, los trastornos psicosomáticos de los menores, entre otros muchos índices pueden hacernos pensar en que el sistema familiar puede estar en riesgo. Existen múltiples listados de factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de los sistemas familiares. Lo importante es que todos los profesionales que tienen contacto directo con familias y los menores, tanto desde los sistemas educativos, sanitarios, laborales, entre otros, sean sensibles al dolor "visible e invisible a veces", de los miembros de los sistemas familiares y tengan una actitud firme contra el maltrato de cualquier persona hacia otro ser humano. Al mismo tiempo nos parece muy importante que mantengamos una postura de ayuda sin dejar de destacar la responsabilidad de los adultos en el cuidado y protección de los menores.
 
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• Víctor Manuel Grimaldi Puyana Doctor en Psicología, terapeuta familiar y psicólogo de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla


Entrevista a Víctor Manuel Grimaldi Puyana

Doctor en Psicología, terapeuta familiar y psicólogo de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla

¿Qué beneficios aporta la "Escala de Bienestar Infantil", utilizada en el estudio "Evaluación del riesgo psicosocial en las familias usuarias del sistema público de servicios sociales de Andalucía", en la detección de la satisfacción de las necesidades infantiles y el funcionamiento familiar?
Aporta un lenguaje común a los/as técnicos que desempeñan su labor en los distintos niveles del sistema de protección familiar e infantil, ya que define en términos concretos el grado de satisfacción de las necesidades infantiles en cada ítem.
Aporta una puntuación global del grado en que se cubren las necesidades infantiles en una familia determinada, así como puntuaciones de las capacidades parentales (grado en que los cuidadores cubren necesidades materiales relacionadas con la supervivencia infantil: salud, higiene, alimentación...), de la disposición parental (grado en que se cubren las necesidades psicológicas, sociales y escolares del menor) y del trato que recibe cada uno de los menores que residen una vivienda.
En línea con lo anterior, ubica a la familia objeto de evaluación en un continuo de riesgo que va desde las situaciones de mayor bienestar o satisfacción de necesidades infantiles a situaciones de maltrato o alto riesgo en función de la puntuación obtenida.
Aporta información pormenorizada por área de necesidades, describiendo operativamente las áreas o necesidades deficitáriamente satisfechas de las áreas en que la familia atiende convenientemente a sus menores.
Permite la valoración del progreso o retroceso de las familias en la satisfacción de las necesidades infantiles, ya que se pueden hacer distintas mediciones o evaluaciones a lo largo del tratamiento / intervención.
Reúne ítems que cubren la práctica totalidad de las necesidades infantiles básicas.
Recoge ítems que han demostrado empíricamente su capacidad de predicción sobre el maltrato y el bienestar infantil, a saber:
> Reconocimiento del problema.
> Motivación de los padres para el cambio.
> Colaboración con el tratamiento.
> Disposición de red de apoyo para la familia.
> Disponibilidad de los recursos y servicios para atender a la familia.
 
¿Existe una familia típica o un patrón de funcionamiento común en estas familias que facilite la detección de las situaciones más graves de vulnerabilidad y desprotección de un menor?
Si, el instrumento es especialmente sensible a las familias que tienen especiales dificultades para cubrir las necesidades de sus hijos, así hemos podido constatar con en el estudio que las familias con escasos recursos económicos, nivel formativo, inestabilidad laboral, inestabilidad en las relaciones de pareja, problemas psicológicos en figuras parentales, entre otros aspectos, son más vulnerables y tienen más probabilidades de desatender sus responsabilidades con los menores. En el estudio se profundiza en el perfil de los hogares que cuentan con mayores dificultades para cubrir las necesidades infantiles.
 
Desde su punto de vista, ¿qué líneas de investigación serían necesarias en el área de los servicios sociales de nuestra Comunidad?
En términos generales sería de mucha utilidad realizar investigaciones que permitan traducir y validar la amplia gama de instrumentos de evaluación de capacidades parentales con las que cuentan en el ámbito anglosajón, ya que en nuestro país la práctica generalizada en la evaluación familiar es el uso de listados de indicadores de riesgo con las limitaciones que estos instrumentos tienen.
Si la respuesta previa tiene que ver con instrumentos y metodología cuantitativa, también apuntaría la necesidad de constatar la utilidad del uso de metodología cualitativa (grupo nominal, dafografo, análisis de discurso, utilización de escalas de progreso...) en los que los propios usuarios sean coparticipes de la evaluación. La utilidad de estas herramientas, creo, redundaría en un mayor nivel colaboración de las familias, elemento determinante para generar el cambio y la preservación.
 
En las últimas décadas se han producido avances en la protección a la infancia en los países desarrollados. De igual modo, las estructuras familiares y el contexto social de las familias han sufrido grandes cambios. ¿Considera que se han producido transformaciones en los sistemas familiares en riesgo?
Si hablamos de la realidad andaluza, que es la que conozco directamente, los cambios vienen dados por:
La incorporación de familias procedentes de otras culturas / naciones que desconocen los usos, derechos y deberes de la sociedad de acogida de cara a la atención de sus menores. Este desconocimiento les hace sentir que tienen menos autoridad en el desempeño del rol parental (sobre todo al compararse con sus países de origen) de la que realmente tienen.
La incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha dado un vuelco a la realidad familiar, de manera que los sistemas de protección han tenido que arbitrar fórmulas (ley de autonomía) que cubran parcialmente el papel clave que la mujer desempeñaba en la familia. En materia de parentalidad, especialmente en los hogares monoparentales nos encontramos con el fenómeno del "niño llave" es decir, menores que tienen que pasar muchas horas solos por tener al progenitor trabajando, con los riesgos que implica para el menor y la dificultad que entraña el ser padre o madre a distancia.
En la línea anterior, la violencia familiar, los divorcios y separaciones que antes del año 1981 no se producían ya que ni aun si quiera eran legales, han introducido un marco de inestabilidad para los menores, cada vez llegan a Servicios Sociales más familias de clase media o media alta (que antes no llegaban a este sistema) por motivo de denuncias de unos padres contra otros. Esto hace más necesaria la relación entre los sistemas jurídicos y de Servicios Sociales.
La brecha digital generadora de exclusión social ya tiene impacto en las familias. Por poner un ejemplo, en determinados servicios sanitarios se puede acceder pidiendo cita de modo tradicional (presencialmente) o digital (por Internet), quienes no manejan estas tecnologías (las familias de Servicios Sociales, por ejemplo) reducen sus posibilidades de acceso al recurso, con el acceso a becas o matriculas comienza, en algunos casos, a ocurrir algo similar.
 
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• Manuel Antonio Gálvez Rodríguez. Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social En Sevilla


Entrevista a Manuel Antonio Gálvez Rodríguez

Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla

Una vez detectada y confirmada una situación de riesgo para un menor en el contexto familiar ¿qué medidas adoptan los servicios sociales?
Siempre se intenta mediar y trabajar con la familia para reconducir la situación, a través de los Equipos de Tratamiento Familiar y los trabajadores de Servicios Sociales Comunitarios de cada uno de los ayuntamientos. Se trata de medidas de intervención y de actuación para eliminar esas situaciones de riesgo evitando, en todo caso, tener que adoptar otro tipo de alternativas que entrañen la separación del menor de dicho contexto familiar.
 
La opción de separar a un menor de su familia es una de las decisiones más complejas ¿qué criterios y medidas se utilizan para evitarlo?
El criterio principal es buscar la protección y el bienestar del menor. Dicho esto, y como decía anteriormente, desde que se detectan los posibles riesgos se trabaja intensamente con la familia en muchas vertientes, pero, si hay que adoptar una decisión que entrañe una separación física del menor, se busca siempre que éste pueda seguir en su entorno, proponiendo el acogimiento en familia extensa, siempre que esto sea lo mejor para él. Hay que señalar que las decisiones que tienen que ver con cualquier actuación sobre un menor pasan por la Comisión Provincial de Medidas de Protección, un órgano colegiado en el que están representadas distintas instancias de la administración vinculadas de uno u otro modo con la protección de los menores.
 
¿Cuáles son las fuentes de información más frecuentes en estos casos?
Las fuentes son múltiples y diversas, desde los servicios sociales comunitarios, hasta los centros educativos, pasando por los servicios de Salud o las llamadas al Teléfono del Menor. Lo que sí me gustaría reiterar es que cualquier información que llega relativa a una presunta o posible situación de riesgo de un menor, es analizada y contrastada por el Servicio de Protección de Menores de la Delegación provincial, es decir, que, cualquier actuación está siempre respaldada por un informe técnico que avala la posible situación de desprotección del menor.
 
¿Qué mecanismos y actuaciones se llevan a cabo para establecer las condiciones necesarias en la familia de origen y posibilitar así el retorno definitivo del menor?
Como he dicho desde el principio, la actuación con la familia de origen es fundamental desde el momento en el que se detecta una posible situación de riesgo. Pero no se queda ahí. Los servicios sociales siguen trabajando con las familias incluso ante una eventual separación, para que el menor pueda volver a su entorno. Durante este proceso, el menor, siempre que la situación no indique lo contrario, sigue manteniendo un contacto permanente con su familia con una periodicidad que vendrá determinada en cada caso por los informes técnicos. Dicho régimen de visitas es, por otra parte, muy positivo en la mayoría de los casos, para la recuperación familiar y la superación de aquellas dificultades que derivaron en la decisión de separar al menor de su familia.
 
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