Un curso escolar atravesado por la pandemia: análisis de la inversión en educación para la adaptación al contexto COVID-19

Durante el curso escolar 2020/2021 marcado por la pandemia, España ha sido reconocida internacionalmente por ser de los países en los que el alumnado ha perdido menos días de clase. El mantenimiento de la actividad presencial en las aulas y la adaptación a la situación generada por la COVID-19 durante este curso académico ha supuesto numerosos retos para las autoridades educativas. Las administraciones de los diversos niveles territoriales han puesto en marcha diferentes fondos, programas y proyectos para afrontar estos retos, siendo el más destacado en el ámbito estatal el Fondo COVID-19 aprobado por el Gobierno de España en septiembre de 2020.

Ante este escenario, al inicio del curso 2020/2021 la Plataforma de Infancia y Political Watch aunaron esfuerzos en torno al proyecto Cole Seguro, una iniciativa con la que generar y dar a conocer información sobre cómo se está garantizando el derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes en el contexto de la COVID-19 en España. Para ello, han analizado los recursos públicos disponibles para la recuperación educativa en el ámbito no universitario, el uso de los mismos por las administraciones y la percepción ciudadana sobre las medidas implantadas. El fin último del proyecto es generar información con la que facilitar un debate público informado acerca de la garantía del derecho a la educación durante un curso escolar, el 2020/2021, protagonizado por la pandemia.

En el análisis que este informe ofrece sobre la inversión realizada por las administraciones estatal y autonómicas para la recuperación educativa, se muestran las distintas prioridades de gasto presentes en cada territorio así como el detalle del nivel de ejecución de los fondos disponibles. Para lograr ofrecer en exclusiva estas evidencias, que ni siquiera las propias autoridades educativas han publicado aún, el equipo de análisis de Cole Seguro ha consultado 65 plataformas públicas de acceso a información (portales de transparencia, plataformas de contratación, de subvenciones, etc.), ha analizado a lo largo del curso más de 18.000 contratos, convenios y subvenciones, ha dado seguimiento a más de 50 comparecencias parlamentarias y ha contrastado las conclusiones obtenidas con las 17 CCAA, Ceuta y Melilla aunque sólo 10 de ellas han respondido confirmando o aportando nueva información.