Educar es incluir: un camino que garantiza derechos

“Educar es incluir, un camino que garantiza derechos” es el segundo informe de un ciclo de seguimiento a los colectivos que se encuentran en mayor riesgo de quedar atrás en el derecho a la educación y en el logro del Objetivo de Desarrollo 4 de la Agenda 2030. En esta edición, Entreculturas ofrece una panorámica de las cifras de discapacidad y de la exclusión educativa por ella en el mundo, con algunos focos regionales y estatales. Los datos muestran que las personas con discapacidad se encuentran en todos los estratos sociales del mundo. Sin embargo, la garantía de sus derechos se ven comprometidos si a su discapacidad se le suma la situación de pobreza, el género o la etnia a la que pertenecen. Con todo ello, en la base de su discriminación, se hallan los prejuicios y estereotipos de sociedades intolerantes a la diversidad.

El Informe repasa las barreras y respuestas a la educación de las personas con discapacidad y especialmente el rol que cumplen las instituciones educativas, considerando que, según la ONU, 1 de cada 3 niñas y niños con discapacidad en edad de cursar primaria no está escolarizado, en comparación con 1 de cada 7 niños y niñas sin discapacidad. En esta clave, acompañando a los datos, se destacan las historias de vida y testimonios que ilustran los retos para la inclusión de las personas con discapacidad, y qué respuestas están dando los Estados para transitar el camino de la garantía de sus derechos. Las y los estudiantes con discapacidad se enfrentan a formas de violencia dentro de las instituciones, de modo que el texto analiza este impacto, así como el trabajo docente, indispensable para avanzar en la construcción de sociedades más igualitarias y justas.

De la mano de Fe y Alegría y JRS, Entreculturas parte del análisis de la propia práctica de intervención para describir y reivindicar aquellas acciones necesarias en la promoción de la inclusión. El informe recoge una serie de buenas prácticas tanto a nivel escolar como comunitario para proteger y reparar los derechos de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Además, propone una serie de recomendaciones a los Estados y la comunidad internacional con el objetivo de conseguir la inclusión educativa para, tal como indica la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás.