Informe anual del Justicia de Aragón sobre Infancia y Adolescencia 2024

Este trabajo monográfico recoge la realidad de los niños, niñas y adolescentes aragoneses, especialmente en contextos de vulnerabilidad, y que forma parte del mandato legal del Justicia como defensor de sus derechos.

En este informe se recogen numerosas actuaciones llevadas a cabo por la institución vinculadas a la infancia, que incluyen la tramitación de las quejas ciudadanas y expedientes de oficio, así como los informes de las visitas a recursos residenciales de menores realizadas por el equipo de asesores del área de Servicios Sociales. Con base en lo anterior, el informe se cierra con 14 conclusiones y 9 sugerencias a la Administración autonómica.

El análisis demográfico que recoge el Informe confirma una tendencia ya consolidada en los últimos años: la población menor de edad en Aragón sigue descendiendo. En 2024, vivían en la Comunidad Autónoma 218.230 menores, lo que representa el 16,1% de la población total. Sin embargo, este porcentaje ha ido disminuyendo de forma paulatina, en paralelo con la bajada de la natalidad —8.558 nacimientos en 2024—, y con una distribución profundamente desigual. Zaragoza concentra más del 73% de esta población menor, frente al 16% de Huesca y menos del 10% de Teruel. Algunas comarcas como Campo de Belchite, Sierra de Albarracín o Campo de Daroca presentan cifras especialmente bajas, con porcentajes de menores por debajo del 10% de su población total, lo que da cuenta del acusado envejecimiento en determinadas zonas del medio rural. Esta desigualdad territorial compromete el acceso equitativo a servicios públicos básicos, especialmente en el ámbito educativo, sanitario y social.

La situación de pobreza infantil en Aragón continúa siendo motivo de especial preocupación. Uno de cada cuatro menores vive en situación de pobreza relativa y el porcentaje de aquellos que residen en hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos alcanza ya el 35,8%. Una situación que, como subraya el propio informe, debe ser abordada mediante políticas públicas sostenidas que garanticen el ejercicio real y efectivo de los derechos de la infancia en todos los territorios.

El informe recoge también algunas de las quejas más significativas trasladadas por la ciudadanía, como la escasez de pediatras —particularmente en la provincia de Teruel—, necesidad de mejoras en equipamientos educativos, falta de personal especializado como auxiliares de Educación Especial, retrasos en el acceso a programas de Atención Temprana o la insuficiencia de profesionales en recursos residenciales de acogida. Estas demandas han sido tramitadas por la institución con la voluntad de mejorar el funcionamiento del sistema y garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores.

Un apartado destacado del informe lo constituyen las visitas realizadas por los asesores del Justicia a los recursos residenciales de menores. La evaluación general es positiva en aspectos como la escolarización, el acceso a la atención sanitaria, la habitabilidad de las instalaciones o el trabajo que realizan los equipos para fomentar la autonomía y la integración social de los menores.

Sin embargo, se identifican también algunos déficits: la dificultad para mantener equipos educativos estables ante la falta de profesionales que prestan sus servicios en estos centros y, en particular, de educadores sociales; la escasez de atención psicológica especializada y la rotación constante de figuras de referencia. Los propios menores, en los espacios de escucha habilitados durante las visitas, expresan estas preocupaciones.